Los precios abusivos de todo tipo de productos, pero sobre todo de alimentos, aumentan en espiral en Las Tunas y a la vista de todos, sin saber, quienes caen en estas violaciones reiteradas, que su comportamiento puede convertirse en un delito de desobediencia, con pena de privación de libertad desde seis meses y dos años.

Así lo confirma Annalié García Bodaño, fiscal jefa en el municipio de Las Tunas, quien abunda en este asunto al que no pocos le ofrecen la importancia que tiene porque las actuaciones van en contra de lo impuesto en las normativas legales aprobadas por instituciones del Estado.

«Desde la Fiscalía contamos con una esfera de trabajo que se denomina Verificaciones Fiscales, y desde esta posición los fiscales que desempeñan esta actividad pueden verificar el cumplimiento de diversas normativas establecidas y aprobadas por los correspondientes órganos de acuerdo a la potestad legislativa que está regulada en la propia Constitución. 

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«Y esas normas pueden ser verificadas su cumplimiento en diferentes órganos, organismos, entidades del sector estatal así como del no estatal. Y entre esas normativas está el tema de los precios, que también puede ser objeto de estas verificaciones o investigaciones fiscales que realiza propiamente nuestro órgano.

«Es una acción de control ejecutada, en este caso por la Fiscalía, en estas verificaciones o investigaciones. Nosotros verificamos el cumplimiento de las disposiciones legales que están vigentes en relación con el tema que estemos investigando, sea precio, sea cualquier otra especificidad. Y esa verificación de esas disposiciones puede dar lugar a la existencia de violaciones».

El tema de los precios es algo que recurrentemente se viola tanto en el sector estatal como en el no estatal, y su violación reiterada es un delito previsto en el código penal con la instrucción establecida y su procesamiento por los tribunales, por lo que las personas que ejercen las actividades del comercio deben cumplir con las disposiciones legales vigentes.

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