Washington.- La administración de Donald Trump mantuvo en 2018 una postura de hostilidad hacia Cuba y dio nuevos pasos contrarios a la normalización de las relaciones bilaterales, pese a los sectores estadounidenses interesados en mejorar los vínculos.
El recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington a la nación caribeña hace más de 55 años, la decisión de seguir con poco personal en las respectivas embajadas, la continua paralización de la entrega de visas en La Habana y los ataques contra la Isla en diferentes espacios fueron expresiones de la posición del Gobierno norteamericano.
A principios de marzo pasado, el Departamento de Estado norteamericano anunció que mantendría de forma indefinida la reducción del personal de su embajada en La Habana.
En un comunicado difundido ese día, se precisó que el número de empleados que quedarían en la legación era similar al mantenido tras la orden de partida del 29 de septiembre de 2017, cuando Washington retiró a más de la mitad de sus funcionarios con el argumento de incidentes de salud reportados por estos.
Tal anuncio se dio a pesar de que el propio documento sostuvo que no existían respuestas definitivas sobre la fuente de los problemas de salud informados por los diplomáticos, a los que la administración Trump ha tildado de ataques aun cuando hoy se desconocen causas o responsables.
La coalición Engage Cuba, que busca el fin del bloque contra la nación caribeña, calificó esa decisión de profundamente decepcionante y lamentó su negativo impacto.
Según indicó entonces, los mayores perdedores en ese asunto eran los cientos de miles de cubanos y cubanoamericanos que viajan de ida y vuelta para ver a su familia, por la imposibilidad de procesar adecuadamente sus visas.
Esta decisión del Departamento de Estado socava los años de progreso hacia la normalización de las relaciones con Cuba. Nuestros diplomáticos deberían poder hacer su trabajo y regresar a sus puestos, expresó al respecto la congresista demócrata Barbara Lee.
Al mismo tiempo, la agencia federal dijo el propio 2 de marzo que mantendría en un criticado nivel tres (de un máximo de cuatro) su advertencia de viajes a Cuba, aun cuando una encuesta realizada entre viajeros norteamericanos arrojó a la isla como uno de los destinos más seguros del mundo.
Tal categoría, que aconsejaba reconsiderar algún plan de visitar la nación caribeña bajo el argumento de los incidentes de salud, perjudicó los viajes de los estadounidenses a la mayor de las Antillas, a donde tienen prohibido ir como turistas.
Debieron pasar más de cinco meses para que el 23 de agosto el Departamento de Estado rebajara del nivel tres al dos (tomar precauciones adicionales), el tipo de aviso sobre las visitas a la nación vecina.
Tras la noticia, Kate Simpson, presidenta de Viajes Académicos al Extranjero, con sede en Washington DC, celebró el cambio que ubica ahora a Cuba en la misma categoría que la mayor parte de Europa, y ‘debe asegurar a los ciudadanos estadounidenses que es legal y seguro viajar a este destino único y atractivo’.
La cuestión de los incidentes de salud fue abordada en esta capital por un equipo multidisciplinario de nueve especialistas cubanos que el 13 de septiembre último se reunió con personal médico del Departamento de Estado.
En su estancia en Washington DC, durante la cual también dialogaron con miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, los especialistas de la isla caribeña lamentaron la falta de acceso a datos sobre el tema.
La ciencia no se basa en especulaciones, sino en datos, hemos recibido muy pocos, expresó Mitchell Valdés-Sosa, director general del Centro de Neurociencias de Cuba, durante una conferencia de prensa celebrada en la embajada del país antillano aquí.
No encontramos ninguna evidencia de que haya habido un daño cerebral, declaró a Prensa Latina Alexis Lorenzo, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.
Tanto él como los demás miembros del grupo enfatizaron en que no recibieron información nueva sobre el caso que ha marcado considerablemente las relaciones bilaterales durante la administración Trump, el cual muchas fuentes sostienen que ha sido politizado por Washington.
A ello se une el continuo uso del tema de los derechos humanos por parte del Gobierno norteamericano para justificar criticadas políticas contra Cuba como el bloqueo.
El 16 de octubre, la misión estadounidense ante la ONU realizó un evento en la sala del Consejo Económico y Social del organismo con el objetivo de atacar a la isla por asuntos de ese tipo.
Bajo el argumento de hablar sobre supuestos presos políticos, los participantes en la acción repitieron argumentos que suele emplear la nación norteamericana para tratar de justificar el bloqueo contra la isla, rechazado prácticamente por todo el mundo.
Por su parte, diplomáticos del país antillano señalaron a ese cerco como la mayor violación de los derechos humanos de su pueblo, y señalaron que Estados unidos debería pedir perdón al mundo por sus crímenes cometidos contra la humanidad.
Unos días después, el 1 de noviembre, el ejecutivo norteamericano recibió nuevamente una abrumadora condena en la ONU cuando casi la totalidad de la comunidad internacional (189 de los 193 Estados miembros) volvió a votar contra el bloqueo.
La derrota de Estados Unidos fue mucho mayor porque también resultaron rechazadas las ocho enmiendas que la parte norteamericana pretendió añadir a la resolución presentada por Cuba contra el cerco económico, comercial y financiero.
Pese a que casi todo el mundo criticó la política de Washington, ese mismo día, en un discurso pronunciado en el sureño estado de Florida, el consejero de seguridad nacional de Trump, John Bolton, incrementó la hostilidad tanto contra Cuba como contra Venezuela y Nicaragua.
Durante ese discurso, el asesor anunció que Washington ampliaría la lista anunciada un año antes de entidades cubanas con las que ciudadanos de este país tienen prohibido realizar transacciones, lo cual se confirmó el 14 de noviembre con el anuncio de que se sumaban 26 subentidades.
Las adiciones consistieron fundamentalmente en hoteles localizados en importantes destinos turísticos cubanos como La Habana, Varadero y cayos de la central provincia de Villa Clara, así como tiendas y centros comerciales, entre otros.
A partir de esta ampliación, la lista contiene ahora unas 205 entidades y subentidades cubanas restringidas para los norteamericanos, y el Departamento de Estado sostuvo que continuará actualizándola de forma periódica.
Cuba ha calificado de arbitrario ese listado, integrado por una diversidad de entidades supuestamente vinculadas al sector de la defensa y la seguridad nacional.
En medio de todo ese panorama, no cesaron los esfuerzos de grupos y personas que en esta capital y en diferentes estados del país consideran importante continuar con el acercamiento que iniciaron ambos países en diciembre de 2014, con el objetivo de avanzar hacia una normalización de las relaciones.
Según diversas fuentes consultadas por Prensa Latina, el retroceso bajo la administración Trump representa un obstáculo significativo, pero no podrá echar atrás el camino abierto entonces, el cual es deseado por la mayoría del pueblo de ambas naciones. (PL/ Martha Andrés Román)
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