Caracas.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela exhortó a las autoridades a hacer cumplir la Ley contra el Odio aprobada en 2017, ante llamados a la intolerancia y la confrontación promovidos hoy por la oposición.
Durante la sesión especial celebrada este martes, el titular del órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, solicitó la creación de dos comisiones, encargadas de trasladar al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público las solicitudes correspondientes.
La primera vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz, reiteró la necesidad de hacer valer los derechos exigidos en la ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, al hacer referencia a agresiones perpetradas en el estado de Táchira en las horas posteriores al sabotaje eléctrico del 7 de marzo último.
El sábado último en la localidad de Umuquena, municipio de San Judas Tadeo, en la occidental demarcación, individuos violentos pegaron fuego a la residencia de la alcaldesa Betzabeth Gandica, quien denunció ante el foro constituyente el riesgo al que fue sometida su familia.
La funcionaria indicó que se trató de un plan de terrorismo organizado por militantes opositores -cuatro de ellos puestos bajo custodia de las autoridades-, quienes la amenazaron con asesinarla, por lo cual pidió se aplique la justicia sobre las personas involucradas en el hecho.
En tal sentido, Tania Díaz repudió una operación psicológica en curso contra la población venezolana que simpatiza con el proceso revolucionario bolivariano.
La corresponsal de la cadena multinacional Telesur, Madelein García, también prestó su testimonio ante la ANC, en el cual denunció amenazas contra su persona por el simple hecho de reportar la verdad sobre los acontecimientos del 23 de febrero último en la frontera colombo-venezolana.
García fue una de las primeras periodistas en desmontar desde el lugar de los hechos la campaña mediática en torno a la quema de un convoy de supuesta ayuda humanitaria, con el fin de culpar a las fuerzas del orden de Venezuela, cuando en realidad resultó obra de grupos violentos alentados por la oposición.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por el órgano plenipotenciario, entró en vigencia el 9 de noviembre de 2017, y establece sanciones de hasta veinte años de cárcel para las personas culpables de promover delitos de esa naturaleza. (PL)
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