Este miércoles, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) votará por trigésima cuarta ocasión el proyecto de resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.
La votación llega en un escenario de recrudecimiento de esa cruel política, marcado por nuevas restricciones y por las denuncias de la Cancillería cubana sobre las presiones de Washington para influir en la posición de otros Estados miembros. Una vez más, la comunidad internacional tendrá ante sí la oportunidad de pronunciarse sobre una medida unilateral que afecta las condiciones de vida de millones de cubanos.
Durante el martes, primera jornada del debate, representantes de países y organizaciones regionales e internacionales expresaron su rechazo al bloqueo y respaldaron el derecho de Cuba a vivir sin las restricciones que impone esa política.
El Movimiento de Países No Alineados, el Grupo de los 77 y China, el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas y el Grupo Africano estuvieron entre las voces que defendieron el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y los principios del multilateralismo.
Esas intervenciones reflejan la persistencia de un justo reclamo que trasciende las diferencias políticas y se vincula con normas fundamentales del derecho internacional.
Sin embargo, el debate vuelve a desarrollarse en medio de denuncias sobre gestiones de la Administración estadounidense para modificar el sentido del voto de las delegaciones.
Las amenazas de aranceles, las restricciones de visas y la posible suspensión de programas de cooperación constituyen instrumentos de presión que pueden comprometer la libertad de decisión de los países más vulnerables.
La votación permitirá observar no solo el respaldo que conserva la resolución cubana, sino también el efecto de esas presiones sobre el comportamiento de los Estados miembros.
El bloqueo no es una abstracción diplomática ni una diferencia política sin consecuencias concretas; sus efectos inciden en la vida de todas las familias cubanas, pues limitan la producción de alimentos, el acceso a medicamentos, el transporte, los servicios de salud y el suministro de agua y electricidad.
El informe presentado por Cuba cifra en 8 083,3 millones de dólares los daños ocasionados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, un incremento del siete por ciento respecto al período anterior.
Las pérdidas acumuladas durante más de seis décadas ascienden, a precios corrientes, a 178 700,5 millones de dólares, una carga que limita las posibilidades de desarrollo del país.
La resolución que se someterá a votación no tiene carácter jurídicamente vinculante, y su aprobación no basta por sí sola para poner fin al bloqueo, cuya eliminación requiere decisiones de las instituciones competentes de Estados Unidos.
Pero su importancia política y moral permanece: expresa la posición de los Estados ante una política que Cuba denuncia como un obstáculo para su desarrollo y que ha recibido reiterados cuestionamientos en el principal foro deliberativo de la comunidad internacional.
Por eso, el resultado de este miércoles tendrá también un significado en la defensa del multilateralismo frente a las medidas coercitivas unilaterales.
Cuba espera nuevamente un amplio respaldo internacional, pero más allá del número de votos, la jornada será una ocasión para reafirmar que las diferencias entre Estados no deben resolverse mediante el castigo económico a sus pueblos, ni las relaciones internacionales quedar subordinadas a amenazas y represalias.
El fin del bloqueo permitiría avanzar hacia vínculos basados en el respeto a la soberanía y el derecho de cada nación a decidir su propio destino.
Mientras esa política persista, el reclamo cubano seguirá ante las Naciones Unidas: poner fin a una medida que condiciona la vida de todo un pueblo.
(Tomado de Cubadebate)