Las Tunas.- Dos semanas sin prestar servicios es mucho tiempo para un medio de transporte que, en los últimos dos años, se ha convertido en la principal alternativa para el traslado de pasajeros en la ciudad de Las Tunas.
Lo más preocupante es que la solución para que los triciclos eléctricos se incorporen nuevamente a su demandada y vital actividad no se espera en el corto plazo, aseguraron a Tiempo21 directivos de la Agencia de Taxis Cuba en Las Tunas.
La situación está relacionada con problemas para la carga de estos vehículos, pues la base destinada a ese fin permanece paralizada desde hace ya dos semanas debido a la falta de un dispositivo del sistema de aterramiento físico conocido como supresor.
«Logramos comprar uno, pero cuando los especialistas de Copextel fueron a instalarlo, comprobaron que no era compatible», aseguró Alexander Osorio Peña, director de Operaciones de la Agencia.
«Tanto nosotros como los compañeros de Copextel hemos buscado en toda Cuba y no encontramos el dispositivo, lo que nos obliga a contratar los servicios de una empresa privada para importarlo y restablecer la actividad», añadió Osorio Peña.
Al indagar sobre las razones por las que no utilizan la base de carga recientemente inaugurada para los vehículos eléctricos destinados al traslado de pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis, respondió que por el momento resulta imposible debido a las limitaciones de capacidad energética de esa instalación. No obstante, explicó que se trabaja en su ampliación para trasladar hasta allí los 20 triciclos que actualmente dependen de la vieja base.
Precisamente, esta moderna instalación fue diseñada y comenzó a construirse para los mencionados triciclos; sin embargo, con la llegada de los vehículos destinados a tan sensible servicio fue necesario priorizar su uso para el traslado de pacientes sometidos a hemodiálisis, argumentó el directivo.
Esta situación con los triciclos eléctricos ha complicado, sin dudas, el ya deteriorado servicio de transporte urbano en la ciudad de Las Tunas. Ello obliga, tanto a las autoridades del Ministerio de Transporte y sus empresas en el territorio como a los gobiernos municipal y provincial, a implementar alternativas que mitiguen las afectaciones, aun en medio del complejo escenario que vive hoy el país.
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