En Cuba, la tierra continúa siendo el principal medio de producción para garantizar alimentos a la población. Sin embargo, durante décadas, las normas relacionadas con su propiedad, posesión, transmisión y uso se dispersaron en múltiples disposiciones jurídicas. El proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal busca ahora reunir ese entramado normativo en una sola legislación y actualizarlo para responder a las necesidades actuales del desarrollo agrario.
Según explicó Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG), la futura norma constituye una actualización integral del régimen jurídico de la tierra y los bienes agropecuarios, al tiempo que preserva los principios históricos de la Reforma Agraria cubana.
“La Ley ratifica como premisas los principios y presupuestos de las Leyes de Reforma Agraria de 1959 y 1963, demostrando que es una ley de continuidad revolucionaria”, afirmó.
La propuesta legislativa desarrolla además preceptos recogidos en la Constitución de la República vinculados a las formas de propiedad sobre la tierra, el derecho a una alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia, la protección de personas en situación de vulnerabilidad y las garantías del debido proceso.
Asimismo, reafirma compromisos asumidos por Cuba en instrumentos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Un solo cuerpo legal para más de 25 normas dispersas
Uno de los principales objetivos de la futura legislación es poner orden en un marco regulatorio fragmentado.
La directora jurídica del MINAG señaló que la norma permitirá unificar de forma sistémica más de 25 disposiciones jurídicas relacionadas con la tierra agropecuaria y forestal.
La ley también materializa postulados contenidos en la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2022, fortaleciendo la articulación entre la producción agrícola y las estrategias nacionales para garantizar alimentos.
Desde una perspectiva práctica, la nueva regulación busca agilizar la entrega de tierras, enfrentar ilegalidades, estimular la permanencia de la fuerza laboral en el campo y ampliar las garantías jurídicas de quienes producen.
¿Quiénes serán considerados productores agropecuarios?
La futura ley redefine y amplía los sujetos reconocidos como productores agropecuarios y forestales.
Además de campesinos y cooperativas, incorpora expresamente a las empresas, polos productivos, proyectos de desarrollo local y modalidades de inversión extranjera vinculadas al sector.
Entre las principales novedades figura el reconocimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estatales, privadas y mixtas como productores agropecuarios y forestales, una condición que no aparecía reflejada de manera expresa en la legislación vigente.
También se incluyen los proyectos de desarrollo local relacionados con la producción agrícola o forestal.
Para Cruz Legón, estos actores constituyen “la base productiva del sistema de la agricultura”, sobre la cual se organizan los procesos productivos y de prestación de servicios agrarios.
Más facilidades para acceder a tierras ociosas
La ley actualiza igualmente las reglas para la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo.
Las nuevas disposiciones flexibilizan los procedimientos y amplían los beneficiarios potenciales, incluyendo personas naturales cubanas y extranjeras residentes permanentes en el país.
La norma permitirá otorgar tierras para la producción agropecuaria y forestal o para el autoabastecimiento familiar.
Además, se establece la posibilidad de entregar superficies de hasta 67,10 hectáreas —equivalentes a cinco caballerías— con opciones de crecimiento gradual hasta 268 hectáreas.
Entre las novedades sobresale la autorización para que las mipymes privadas dedicadas a actividades agropecuarias y forestales accedan a tierras en usufructo, siempre que sus proyectos contribuyan al desarrollo municipal, los sistemas alimentarios locales y la producción destinada al consumo territorial, el turismo o las exportaciones.
Más derechos para quienes viven y producen en la tierra
Uno de los cambios con mayor impacto social se relaciona con las viviendas construidas por usufructuarios.
Por primera vez la legislación establece expresamente los derechos de estas personas sobre las viviendas levantadas en las tierras entregadas en usufructo.
La ley reconoce incluso la posibilidad de legalizar esas viviendas como propiedad cuando se cumplan determinados requisitos.
Entre ellos se encuentran haber trabajado la tierra durante al menos cinco años, cumplir las obligaciones derivadas del contrato de usufructo y que la vivienda reúna las condiciones establecidas para considerarse adecuada.
También se incrementa hasta un cinco por ciento del área total la superficie destinada a construcciones productivas, porcentaje que podrá ampliarse en actividades como la ganadería mayor, el tabaco o el café cuando las tecnologías empleadas así lo requieran.
Más seguridad jurídica para propietarios y herederos
La futura legislación introduce cambios significativos en la transmisión de la propiedad privada sobre la tierra.
Permutas, compraventas, donaciones y herencias podrán realizarse mediante procedimientos notariales cuando exista acuerdo entre las partes o por la vía judicial cuando surjan conflictos.
La ley autoriza la compraventa de tierras entre campesinos propietarios, previa aprobación de la Comisión Municipal de Asuntos Agrarios y sin superar los límites máximos establecidos.
En materia de donaciones, se amplían los beneficiarios potenciales a cónyuges, parejas de hecho afectivas, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y también parientes reconocidos por vínculos socioafectivos.
Otro elemento novedoso es el reconocimiento expreso del derecho de los propietarios a disponer por testamento de sus tierras y bienes agropecuarios, así como la posibilidad de concertar pactos sucesorios para prevenir conflictos familiares tras el fallecimiento del titular.
Dos registros para fortalecer el control y la seguridad jurídica
La norma prevé además la inscripción gradual de las tierras en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles, encargado de certificar la titularidad de los propietarios.
Paralelamente, se crea el Registro de la Tierra, destinado a controlar aspectos relacionados con el uso, la posesión y la entrega de tierras en usufructo.
La coexistencia de ambos mecanismos pretende fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la gestión estatal de este recurso estratégico.
Producción, sostenibilidad y desarrollo rural
La futura ley incorpora por primera vez una regulación integral sobre los distintos usos de la tierra.
Reconoce la agricultura de pequeña y mediana escala como parte de los sistemas alimentarios locales y la producción de mayor escala mediante polos productivos.
También legitima actividades complementarias como el turismo de naturaleza, el turismo rural, el turismo de aventura y el agroturismo, concebidos como fuentes adicionales de ingresos para las comunidades rurales y los productores.
Junto a ello, establece obligaciones específicas relacionadas con el uso sostenible de la tierra, la protección de los recursos naturales y la conservación de este medio fundamental de producción.
La agricultura por contrato gana espacio
Otro de los cambios relevantes es la institucionalización de la agricultura por contrato.
Según explicó Cruz Legón, la nueva legislación flexibiliza modalidades de producción cooperada y crea mecanismos que permiten suministrar insumos, tecnología, financiamiento y asistencia técnica a los productores.
La agricultura por contrato se concretará mediante contratos de producción agraria, a través de los cuales compradores y productores acuerdan condiciones específicas de producción y comercialización.
Para el Ministerio de la Agricultura, este mecanismo puede contribuir a mejorar la eficiencia productiva y fortalecer los encadenamientos entre los distintos actores del sector.
En conjunto, el proyecto de Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal busca actualizar las reglas que rigen uno de los recursos más importantes para el desarrollo del país. La propuesta combina la continuidad de los principios históricos de la Reforma Agraria con nuevas herramientas orientadas a incrementar la producción, fortalecer la soberanía alimentaria y ofrecer mayores garantías jurídicas a quienes viven y trabajan la tierra cubana.
(Tomado de Cubadebate)