Santiago de Chile.- Chile vivió su tercera semana de protestas multitudinarias, con manifestaciones y cacerolazos, denuncias de violaciones de derechos humanos, intentos del gobierno de mediatizar la protesta y una caída en picada del respaldo a Sebastián Piñera.
El viernes, al cumplirse las tres semanas del estallido social contra el modelo neoliberal y las desigualdades existentes, una enorme concentración en la Plaza Baquedano, de esta capital, evidenció que el movimiento popular mantiene la fortaleza que lo llevó a poner contra las cuerdas al gobierno de Piñera.
Durante la semana también cobró fuerza la realización de cabildos populares, promovidos por la Mesa de Unidad Social, que reúne a más de 70 organizaciones, con la participación de miles de personas en barriadas e instituciones para debatir sobre la actual situación y proponer las vías para salir adelante.
Entre los temas que ganan espacio en las demandas de los más amplios sectores figura la realización de una Asamblea Constituyente que abra el camino a una nueva Constitución en sustitución de la actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet.
Universidades, alcaldes, políticos, intelectuales e incluso la Iglesia Católica, en voz del administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Celestino Aós, han reclamado una nueva carta magna para Chile.
Los manifestantes exigen igualmente medidas más inmediatas para aliviar la inequidad existente en la sociedad chilena, como aumentos de salarios y pensiones, control de los precios de servicios básicos, acceso de todos a educación y salud de calidad, entre muchos otras.
En contraste con las marchas pacíficas, no han faltado los actos vandálicos protagonizados por grupos de encapuchados muchas veces ajenos a las manifestaciones, que han incendiado barricadas en las calles, destruido el mobiliario urbano y saqueado comercios y edificios públicos y privados.
Sin embargo, mientras ante esos hechos ha sido escasa o nula la presencia policial para impedirlos, la represión desmedida a las manifestaciones pacíficas ha despertado la repulsa nacional e internacional.
Datos parciales aportados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifran en más de cinco mil los detenidos y más dos mil heridos, así como un creciente número de delitos cometidos por las fuerzas policiales, como golpizas, diparos de perdigones y abusos y violaciones sexuales.
Precisamente, durante la semana el país fue visitado por los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel, quienes denunciaron las violaciones sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
En medio de ese panorama, el presidente Sebastián Piñera, quien ha alcanzado los niveles de impopularidad más bajos desde el retorno del país a la democracia, a juicio de analistas no parece escuchar el clamor de la calle ni aquilatar la real magnitud de los cambios que reclaman las mayorías.
Así, firmó un proyecto de ley para aumentar el ingreso mínimo a 350 mil pesos (unos 400 dólares), considerado por economistas y sindicatos totalmente insuficiente para atender las necesidades básicas de los más pobres, y presentó una Agenda de Seguridad, para fortalecer los cuerpos policiales con el argumento de proteger el orden público.
Por si fuera poco, convocó al Consejo de Seguridad Nacional, entidad a la que se apela solo en casos extremos, lo cual levantó enorme expectativa y el rechazo de todas las fuerzas de oposición en pleno, que lo calificaron como un intento por aumentar aún más la represión contra el movimiento popular. (Por Rafael Calcines Armas/PRENSA LATINA)
Así lo refleja RT:
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