Este domingo Cuba fue escenario de un acontecimiento que demostró el apoyo de la mayoría de los cubanos al proceso revolucionario. En medio de una contienda que tenía como principal campo de batalla a las redes sociales, el Sí, según datos preliminares, se alzó con seis millones 816 mil 169 de los votos, es decir, el 86,85 por ciento del total de votos emitidos.

La Agencia Cubana de Noticias entrevistó al Doctor Yuri Pérez Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de La Habana, quien aseguró que, aun cuando el cuerpo  constitucional aprobado, como toda obra humana, es perfectible, el Sí posibilita una mejor capacidad para defender el futuro que queremos.

Comentó que un avance del texto que se sometió a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre del pasado año, es que venera la supremacía de la ley de leyes, y la reivindica como real cúspide del ordenamiento político-jurídico de la sociedad, lo cual tiene un reflejo inmediato en su obligatoriedad y estricto cumplimiento.

Argumentó que la Carta Magna redimensiona el principio de  igualdad, sistematiza de forma más coherente los mecanismos de participación ciudadana, y, en el caso del municipio, consagra la autonomía, principio vital para el desarrollo local.

Fue insistente al mencionar que se dejan muy claros los principios de protección de los derechos humanos y su sustento axiológico: la dignidad. En este sentido, que se consagre de forma expresa los principios de universalidad, indivisibilidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, igualdad, progresividad y no discriminación, constituye una apoyatura jurídica importante para la protección integral de los derechos.

De acuerdo con el experto, otro principio cardinal que aparece de manera directa es la transparencia gubernamental, que debe estar presente en todas las decisiones que adopte el Estado.

Apuntó que en el texto se hace una mejor sistematización de los derechos de los ciudadanos y los extranjeros con residencia en el país, y se incluyen otros como el Habeas Data para la protección de los datos personales, el derecho a la información, los derechos de las personas con capacidades especiales y derechos de participación, entre otros.

La normativa constitucional da la posibilidad de ir a estructuras más allá de la judicial en función de la protección. Por ejemplo, el artículo 61 consagra que todos tenemos derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y las obliga a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas, aseguró.

Por otra parte, la constitución aprobada por el pueblo de Cuba establece límites de cara al legislador y a todos los órganos del Estado, pues no pueden actuar más allá de lo que establece la Carta Magna.

Agregó que un aspecto trascendental es que desde la propia Ley  de leyes se prevé un cronograma legislativo para poder desarrollar los postulados constitucionales, pues en las disposiciones transitorias se establece que, en un término de 12 meses, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobará dicho cronograma para el desarrollo constitucional.

La ratificada carta Magna está pensada de manera diferente a la de 1976 porque Cuba es otra, las dinámicas cambiaron, debe responder a su tiempo, y ahí entra la cuestión de la limitación del poder, lo cual queda demostrado, por ejemplo, en el deber que tienen las autoridades públicas de informar y la capacidad de los ciudadanos de exigir cuando se vulneren sus derechos.

Pérez Martínez reconoce que persisten retos como lograr leyes de desarrollo que sean técnicamente mejores, que se parezcan a la sociedad, que protejan más a los ciudadanos y amparen las dinámicas públicas.

También está la necesidad de lograr una coherencia y una organicidad en las estructuras del Estado, y de cumplir con el carácter obligatorio y de estricto cumplimiento de la Constitución.

Otro reto está asociado con las significaciones sociales positivas que perviven en la sociedad, y generar una armonía con los valores constitucionales. De igual forma, hay que buscar mecanismos más certeros y eficaces para proteger los derechos humanos, y que cuando las personas vayan ante un tribunal, sus derechos sean salvaguardados, ahí donde esté la razón.

También abogó por la importancia de redimensionar el papel del delegado en la localidad, uno de los sujetos principales dentro del sistema político cubano, y enfatizó en que debe existir una ley del municipio que delinee cuáles son los elementos fundamentales para el desarrollo local.

A diferencia de la constitución del ´76, con la nueva hay un ámbito de mayores garantías. En este sentido, aseveró, habrá que pensar las leyes de desarrollo, para que no restrinjan en ningún momento los mandatos constitucionales y para que siempre miren la salvaguarda de la dignidad humana.

Tanto la Constitución vigente como la que votó el pueblo, refrendan un sistema socialista. Tendremos un Estado nuevo en su estructura, pero con los mismos principios fundamentales, que enarbolan una sociedad próspera y sostenible.

Los elementos del diseño constitucional están sobre la mesa, resta ponerlos en movimiento, y, para ello, es vital que la ciudadanía se empodere en términos constitucionales. Hemos dado pasos en esa dirección gracias a la consulta popular, pero tenemos que lograr que todos los días los ciudadanos se inmiscuyan más, intervengan más, sentenció. (ACN /Claudia González Corrales)

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