Las Tunas.- El aumento desmedido y sin justificación de los productos agropecuarios en la provincia de Las Tunas fue el tema que debatió hoy Alto y claro, el programa de participaciòn de la radio en este territorio, en el que sus panelistas cuestionaron la indisciplina de quienes ofertan los productos con total impunidad.
Los precios de esos alimentos aumentando de manera arbitraria sin que se le ponga coto a una situación que ya se torna abusiva para la población. Hoy la comercialización está en buena medida en manos de los llamados intermediarios, que compran y suben los precios, de acuerdo con su criterio y con el objetivo desmedido de obtener mucha ganancia a toda costa. ¿Por qué? ¿Dónde está la causa primaria del problema?, fueron preguntas sobre las que giró el debate entre periodistas y representantes de la Agricultura, y las direcciones de Finanzas y Precios e Inspección integral.
En Chaparra sucede algo muy común con el ají y otros productos, los venden por medidas, a la apreciación de quien lo oferta, cuando debía ser por peso. ¿Por qué? ¿Los inspectores, qué papel desempeñan, quién debe exigir por eso? ¿Por qué utilizar una forma que a todas luces desprotege al consumidor?
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La máxima dirección del país en la propia persona del presidente Miguel Díaz Canel alertó que no se podía permitir un alza de los precios bajo ningún concepto, y si nadie está en el derecho de atentar contra las decisiones del Estado cubano ¿Por qué siguen aumentando los precios y hoy una libra de tomate sobrepasa los 25 pesos, por ejemplo, la carne de cerdo sigue comercializando a más de 25 pesos salvo excepciones y todos los productos, sin excepción, son ofertados a precios que constituyen una falta de respeto a la ciudadanía?
Los precios no pueden establecerse por ordeno y mando de quienes prestan servicios y ofertan productos, tienen que responder a la política del país y es facultad del Ministerio de finanzas y precios y del Consejo de la Administración con sus regulaciones.
En específico la Resolución 302 del 2019 del Ministerio de Finanzas y Precios establece las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores no estatales, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal.
La norma establece que dichos actores no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población. Y eso hay que hacerlo cumplir por el bienestar del pueblo.
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