Caracas.- Con la firma de cuatro decretos desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, el cerco económico de Estados Unidos hacia Venezuela insiste en intervenir la soberanía de la nación sudamericana.
Un informe publicado por la Cancillería de Caracas denuncia el plan de Washington para hostigar las finanzas, lo que repercute en todos los venezolanos sin distinción de clases o filiación política, en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las últimas Órdenes Ejecutivas cierran el ciclo iniciado en 2014 con la aprobación en el Congreso de la Ley de Defensa de Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, y el conocido como Decreto Obama que definió a la nación como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad y la política exterior norteamericana.
«En total, desde marzo de 2015, Estados Unidos ha dictado seis decretos que penalizan y castigan las actividades económicas, centrándose en los aspectos financieros y petroleros, y estableciendo de facto un bloqueo», reconoce el texto.
De acuerdo con el documento, estos instrumentos legalizaron una política de intervención directa sobre la soberanía y los asuntos internos a la vez que profundizaron la persecución contra el Gobierno y el desarrollo del país.
Entre la agenda de agresiones -dice-, la Casa Blanca promueve la negación de créditos, el bloqueo y el encarecimiento del financiamiento internacional al país, lo que genera gigantescas pérdidas.
Igualmente, la persecución a las actividades de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) produce perjuicios millonarios a la industria de hidrocarburos y genera efectos en actividades operativas de la industria.
El cerco ha repercutido directamente en el desabastecimiento y escasez en sectores esenciales de la economía como alimentos, medicinas y bienes esenciales para la industria, añade.
«Debido a la caída de la disponibilidad de alimentos, la prevalencia de desnutrición en la población infantil superó el cinco por ciento de la población infantil en 2017», menciona el informe.
A esto se suma el bloqueo por parte del banco estadounidense Citibank de los fondos destinados a la importación de 300 mil dosis de insulina, perjudicando a más de 450 mil pacientes.
La aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra un Estado soberano constituye una flagrante violación del Derecho Internacional, afirma el documento. (PL)
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