Así se evidencia en la provincia de Las Tunas, donde la asignación de tan valioso recurso está por debajo de la demanda de los productores estatales y privados, lo que perjudica la roturación de tierra y la atención cultural a las plantaciones de cultivos varios.
Las afectaciones por falta de diésel también son evidentes en otras tareas como la trashumancia de las colmenas hasta ambos litorales, el traslado de la leche y los animales vivos para el sacrificio y la recogida de las cosechas de viandas, hortalizas, granos y frutas.
En los ocho municipios, la política estadounidense limita la adquisición de fertilizantes químicos a base de urea, nitrato de amonio y cloruro de potasio, que son determinantes para el cultivo del plátano y otros renglones; así como de plaguicidas y fungicidas.
En el territorio tunero, la ganadería es otra víctima del bloqueo; en primer lugar por la falta de alimentos especializados para las gallinas ponedoras y los cerdos de los integrales porcinos, aunque es notable la falta de medicamentos de uso veterinario y de insumos para la inseminación artificial.
Los daños se extienden a la escasez de lubricantes, piezas de repuesto para el transporte, electrodos o varillas de soldar, otras materias primas y material de oficina, así como semillas que no se obtienen en el país por nuestras condiciones climatológicas.
A todas esas limitaciones hacen frente los productores con el empleo de técnicas agroecológicas como la tracción animal, los abonos orgánicos y el talento innovador de campesinos y obreros; pero, indudablemente, la carencia de recursos materiales perjudica los rendimientos y las producciones.
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