Las Tunas.- Cuba ratifica su polí­tica de tolerancia cero ante las drogas e impulsa la prevención para enfrentar su consumo, unido a la cultura de rechazo en las nuevas generaciones, expuestas a este fenómeno que lacera la calidad de vida.

Desde el año 2017 en Las Tunas, desde los centros educativos, se realiza un ejercicio estratégico de rechazo a las adicciones. Con este propósito, las acciones de prevención desde los escenarios escolares ratifican el proceso de educar a la niñez, la adolescencia y la juventud, significó el Doctor en Ciencias Juan Migüel Barrios, subdirector general de Educación en la provincia.

«La escuela cubana es inclusiva y desde su misión es responsable de la población escolar. Para ello, existe un proyecto al que pertenece el Ministerio de Educación, el perfeccionamiento continuo del ector, el cual dispone de documentos normativos que atienden especí­ficamente cada una de las particularidades.

«La prevención es un componente esencial del trabajo metodológico como un valor agregado a partir de la clase. Cada docente tiene la responsabilidad de conducir a niños, adolescentes y jóvenes como parte del acompañamiento del desarrollo en el proceso de aprendizaje.

«El sector cuenta con dos instrumentos jurí­dicos y legales esenciales, la resolución ministerial 111 y la resolución ministerial 15 del 2019, que norman todo lo relacionado con la prevención desde la institución educativa. Estos instrumentos disponen del acompañamiento de los factores de la sociedad vinculados al sector y a la formación integral de las presentes y futuras generaciones», destacó el directivo.

Ante el tema relacionado con el uso y abuso de las drogas para lograr una cultura de rechazo entre los adolescentes y los jóvenes el sector tiene funciones especí­ficas.

«Una función de Educación es preparar a las personas para actuar. El sector promueve de manera intencionada el tratamiento a la temática desde la ví­a curricular (el programa y el plan de estudios) en todos los niveles educativos y de dirección. Además se realiza la capacitación y la preparación sistemática de directivos, docentes, especialistas y las familias, dotándolos de conocimientos y herramientas para enfrentar este fenómeno.

«Esta coordinación se amplí­a con la inclusión de Salud, los centros comunitarios de Salud Mental, la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, la Oficina de Atención a Menores, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones estudiantes, el Inder, Cultura y la Fiscalí­a General de la República», significó.

En el trabajo intersectorial desde la comunidad, el sistema de Educación forma parte de una comisión de prevención que prepara a la familia ante la presencia o la identificación oportuna de un adolescente con esta problemática social.

«La escuela posee una caracterización del alumno y de la familia, en la que tiene un valor esencial las condiciones en las que vive y se desenvuelve el adolescente o el joven.

Los profesionales del sector de la Salud son claves en la capacitación de docentes y la orientación de los adolescentes.

«Todo eso lo aporta la escuela para determinar cuáles son los elementos que necesitan para un tratamiento especializado desde la organización básica del destacamento, y así­ abordar el fenómeno desde la afinidad en el grupo con ese adolescente; un trabajo que cuenta con el consentimiento y el acompañamiento de la familia», comentó el subdirector general de Educación en Las Tunas.

El asesoramiento, el acompañamiento y la transformación desde el sector de Educación logra, además, la mirada multicausal a otros problemas que provocan el uso y abuso de las drogas en las nuevas generaciones, y el abandono de los estudios. Para ello se ponen en prácticas iniciativas, como las parejas en equilibrio a nivel de aula o brigada.

«Como estructura básica de la organización estudiantil, el grupo asume un rol y la orientación del profesor guí­a y un equipo de docentes que proyectan la labor de las parejas de equilibrio; no solo son para resolver las dificultades académicas, sino para colaborar ante los problemas de la formación integral mediante actividades con los instructores de arte y los profesores de Educación Fí­sica, tan valiosos en cada plantel», concluyó.

Entre las normativas cubanas, Tolerancia Cero»¦

La escuela está llamada a convertirse en la institución educativa que coordina todas las influencias de la comunidad, junto a otras figuras y organismos que deben contribuir con la formación integral y el cuidado de los niños, los adolescentes y los jóvenes.

«A partir de esta labor intersectorial desde las normativas cubanas se mantiene una polí­tica de tolerancia cero desde la legalidad cubana, un fenómeno que encuentra la penalización ante el uso y abuso de drogas», aseveró Nosley Sastre Garcí­a, Fiscal Jefe del Departamento de Organización y Planificación en Las Tunas.

«En función de la prevención se realizan diversas acciones como parte de la interrelación con el Ministerio de Educación, para acercarnos a los adolescentes y jóvenes en las secundarias básicas, en la enseñanza técnico-profesional y en los preuniversitarios, mediante acciones de comunicación institucional sobre este fenómeno y las consecuencias jurí­dicas», dijo Sastre Garcí­a.

Más allá de los planteles esa labor posibilita la realización de barriodebates en comunidades caracterizadas e integrada por míltiples familias, y es esencialmente donde se puede denunciar este fenómeno para combatirlo de una manera integradora y multifactorial, explicó el Fiscal Jefe.

«En tal sentido se actualiza a las comunidades respecto a este fenómeno y que desde la legalidad encuentra amparo para su penalización en el código penal con la ley 151 publicada en el año 2022, que establece un grupo de figuras delictivas dentro del tí­tulo de Delitos que afectan a la Salud Píblica, especí­ficamente el artí­culo 235 los relacionados con drogas ilí­citas o sustancias de efectos similares.

«Este establece sanciones de privación de libertad que discurren desde los cuatro hasta los 10 años a aquellas personas que sin estar autorizadas, en primer lugar, produzcan, elaboren, transporten, trafiquen, adquieran o introduzcan en el territorio nacional o tengan en su poder con el propósito de comercializar o de traficar estas sustancias, o de cualquier modo se las procure también o se las dé a otra persona para su consumo».

Añadió que «en igual sanción también incurren quienes operen, administren o dirijan locales o viviendas que estén destinados a la concurrencia de personas para consumir este tipo de sustancias, mientras otro de los apartados que establece ese artí­culo está para aquellas personas que cultivan la planta conocida como marihuana u otras de propiedades similares o a sabiendas posea semillas o parte de dichas plantas», añadió el representante jurí­dico.

Destacó Sastre Garcí­a que como parte de esa polí­tica de rigor que exige el paí­s para el enfrentamiento a estas conductas se establecen «sanciones de privación de libertad de 10 a 30 años, la de privación perpetua de libertad o la muerte, dentro de otros presupuestos, siempre que estos hechos se ejecuten por funcionarios o empleados píblicos, por lo que implican o por lo que representan para el Estado.

«Además, si en la comisión de estos hechos delictivos se utiliza a una persona menor de 18 años de edad y si el responsable al momento de los hechos posee también un antecedente penal por un delito de similar comportamiento».

El alcance ante la responsabilidad de la familia, de ese representante legal o el tutor del adolescente «el código penal valora especí­ficamente el delito de corrupción de personas menores de edad, que establece en su artí­culo 403, pena de privación de libertad de dos a cinco años a quien con noticias de que una persona menor de 18 años de edad sujeta a su responsabilidad parental, se dedica al uso o consumo de drogas ilí­citas o sustancias de efectos similares y esta persona lo consienta o no lo impida.

«Asimismo, el artí­culo 406 establece que quien por su negligencia o descuido dé lugar a que una persona menor de 18 años de edad, sujeta a su responsabilidad parental, use o consuma drogas ilí­citas o sustancias de efectos similares, también incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multas de 500 a 1000 cuotas o ambas penas pueden imponerse también a estas personas», abordó.

Salud Píblica, por infancia y adolescencia sanas»¦

La familia es responsable de la formación de las nuevas generaciones que pueden encontrarse ante un fenómeno como este, de ahí­ su papel rector en la educación que propicie esa cultura de rechazo ante el uso y abuso de las drogas. A esa interpretación se enfoca el trabajo intersectorial que desarrolla el sector de la Salud para enfrentar este fenómeno en las adolescencias y juventudes.

Xiomara Mercantete Rodrí­guez, funcionaria de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud) refiere que la familia tiene una alta responsabilidad ante el incremento de adolescentes y jóvenes que puedan consumir o consumen droga, pues constituye la puerta a otros problemas como la transmisión de enfermedades sexuales, embarazos en la adolescencia, y la discriminación y violencia de género.

«En el caso de Salud Píblica actualmente se labora junto a la Federación de la Estudiantes de la Enseñanza Media, la Universidad de Ciencias Médicas, la Dirección de Extensión Universitaria y profesionales de Prosalud, en la realización de los talleres multiplicadores de salud para prevenir el uso y el abuso de estas sustancias nocivas».

Profesionales de la Salud y especialistas de ProSalud actualizan protocolos de actuación ante este fenómeno.

La adolescencia es un periodo de desarrollo y de crecimiento, y sí­ desde tempranas edades inicia el consumo se convertirá una persona con un futuro incierto desde el punto de vista de la salud humana, y esa es una preocupación mayor, comentó la representante de Prosalud que atiende el Programa de Atención Materno Infantil en Las Tunas.

«Las Tunas está inmersa desde el mes de febrero en actividades relacionadas al tema mediante las alianzas con Educación y la Fiscalí­a General de la República con el fin de dotar de una educación jurí­dica a las familias unido a la percepción de hasta dónde puede dañar a un adolescente o a un joven, ocasionándole hasta una pérdida de la libertad.

«El sector sanitario dispone de servicios destinados a los adolescentes como la Lí­nea Ayuda 103 en la cual se evacuan dudas, se asesora y se orienta a quien contacta por ví­a telefónica de manera anónima. También están disponibles los servicios de cesación tabáquica a nivel del área de salud, unido a la consulta para los adolescentes, que constituyen espacios dispuestos a las familias en cada policlí­nico», acotó

«En este amplio actuar también están inmersos los centros comunitarios de Salud Mental y las instituciones de la Atención Secundaria de Salud para la población infanto-juvenil, a la cual se suman los cursos de multiplicadores de salud en los 42 centros FEEM, con el propósito de que a nivel de aula adquieran conocimiento del impacto del consumo de la droga legal (el tabaco y el alcoholismo), que son porteras hacia las drogas ilegales como la cocaí­na, la marihuana, entre otras», concluyó.

Con el objetivo de promover el bienestar y la salud en la comunidad juvenil en las instituciones asistenciales se capacita al personal de la Atención Primaria ante la presencia de un caso en el área de salud, para una intervención eficiente y óptima ante la necesidad de las familias o una posible intoxicación por el consumo de drogas de abuso.

Ante el enfrentamiento al uso y abuso de drogas se sostiene un trabajo intersectorial con sectores claves como Educación, Fiscalí­a y Salud Píblica, un alianza para abordar desde la prevención el fenómeno relacionado con el consumo de drogas, psicotrópicos y sustancias de efectos similares, como parte de la polí­tica Tolerancia Cero en el paí­s ante estas poblaciones caracterizadas de mayor vulnerabilidad a nivel global.