San Juan.- La organización Proyecto Matria acusó hoy a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos de violar los derechos humanos de los damnificados de los terremotos que afectaron esta isla del Caribe.
«No tenemos gobierno, sólo burócratas negligentes, pues la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Legislatura, la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal de Estados Unidos han demostrado un total desprecio hacia la vida y dignidad de nuestra gente, violando así los derechos humanos», expresó su directora, Amárilis Pagán.
La activista feminista estableció que luego de los terremotos de 6,4 y 5,8 grados en la escala de Richter del 7 de enero quedó demostrado que los puertorriqueños viven una situación de caos.
Expuso que a días del terremoto, la actual administración comete los mismos errores del pasado: no da información, no consulta con las comunidades afectadas, no activa planes concertados, usa el dolor para hacer campaña mediática y abandona a la gente.
La directora de la organización advirtió que el gobierno está llamado a atender y proteger cuatro categorías de derechos humanos: los relacionados con la integridad y la seguridad físicas, tales como la vida y frente a actos de violencia.
También los derechos básicos como techo, alimento y salud; derechos económicos, sociales y culturales, como educación, trabajo y recuperación de bienes perdidos; y derechos civiles y políticos, como acceso a los tribunales y a no ser discriminados.
Pagán agregó que tanto el gobierno de Puerto Rico como el de Estados Unidos tienen una tendencia reiterada a ignorar esos derechos y a invisibilizar lo que organismos internacionales, como las Naciones Unidas, han expresado sobre los derechos humanos en escenarios de desastres.
«Es como si ambos gobiernos actuaran bajo un estado de impunidad que deshumaniza a la gente de Puerto Rico. No temen las consecuencias y no les importa la muerte y el sufrimiento de las personas; tampoco temen acciones legales en su contra, lo que es intolerable», sostuvo Pagán, abogada de profesión.
Cuestionó la falta de acción de las agencias públicas llamadas a atender las situaciones que se derivan de los terremoto, el último más fuerte el sábado de 5,9 grados, y del establecimiento de los improvisados «campos de personas refugiadas» que operan al margen de los pocos refugios del Estado.
«El gobierno no hizo un análisis integral de la situación; sus funcionarios no han sido capaces de ver y atender las necesidades de las personas con diversidad funcional, edad avanzada o niños», insistió Pagán al subrayar que los departamentos de la Familia y de Salud no coordinaron de inmediato servicios para estas poblaciones.
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