Las Tunas.- La entrada en vigor de la Ley 143 del Proceso Penal, el 1 de enero de 2022, introdujo importantes transformaciones en el sistema de justicia cubano, especialmente en el fortalecimiento de las garantías y derechos de las personas involucradas en un proceso penal.
Entre las novedades más relevantes sobresale la incorporación del abogado de oficio, concebido para garantizar la asistencia letrada desde las primeras etapas de la investigación y fortalecer el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la defensa.
Para conocer en qué consiste este derecho, cuándo procede y cuál es su importancia dentro del debido proceso, conversamos con Reynaldo Rodríguez Guerrero, licenciado en Derecho y abogado del Bufete Colectivo de Las Tunas, donde atiende la materia penal.
¿Qué significa contar con un abogado de oficio?
“Significa tener un abogado desde el inicio del proceso penal. Cuando una persona es detenida y se le informa el hecho por el que está siendo investigada, así como las pruebas existentes en su contra -lo que se realiza por el instructor mediante la correspondiente instructiva de cargo- puede solicitar que su primera declaración se realice en presencia de un abogado.
“El abogado de oficio es un profesional graduado en Derecho, con los mismos conocimientos y responsabilidades que cualquier abogado contratado. Una vez que la persona lo solicita, el órgano de instrucción debe coordinar de inmediato su presencia a través del Bufete».
Una garantía desde los primeros momentos
«Existe un equipo de abogados que realizan esa función. Una vez designado, el profesional del Derecho debe revisar el expediente, conocer los elementos de la investigación y entrevistar al imputado antes de la declaración.
“Este es otro de los cambios introducidos por la Ley 143. Anteriormente se hablaba de acusado desde los inicios del proceso; hoy la persona recibe inicialmente la condición de imputado.
“La entrevista entre el abogado y el imputado es privada y confidencial. Nadie puede estar presente porque forma parte del ejercicio del derecho a la defensa, una garantía constitucional cuya violación puede provocar la nulidad de las actuaciones realizadas.
“Todo ello está estrechamente vinculado con el debido proceso, entendido como el conjunto de garantías que aseguran que una investigación y un juicio se desarrollen conforme a la ley».
La trascendencia de la primera declaración
«Una vez concluida la entrevista, el abogado asesora al imputado antes de declarar. Hay personas que reconocen los hechos y otras que los niegan, pero en ambos casos deben conocer las consecuencias de su decisión, aunque negar un hecho o abstenerse de declarar es un derecho y no trae ninguna consecuencia perjudicial a la persona.
“La primera declaración es sumamente importante porque influye en el desarrollo posterior del proceso. Aunque puede modificarse después, resulta complejo retractarse de una declaración realizada inicialmente con asesoramiento jurídico. Además, en materia penal está en juego la libertad de las personas, uno de los bienes jurídicos más importantes después de la vida.
“Cuando el imputado niega el hecho, es necesario construir una explicación coherente y respaldarla con elementos verificables que permitan sostener esa versión durante el trabajo investigativo».
La función del abogado de oficio dentro del proceso
«El abogado de oficio no siempre es quien concluye la defensa. En ocasiones los familiares deciden contratar posteriormente al mismo abogado o a otro profesional, lo cual constituye un derecho de libre elección. Sin embargo, esa primera actuación tiene una gran trascendencia para el resto del proceso. Lo que se declare en ese momento obliga al órgano de instrucción a investigar y verificar cada uno de los elementos aportados por la defensa.
“El abogado puede proponer testigos y otras pruebas, mientras que el órgano de instrucción está obligado a comprobar lo que resulte relevante para esclarecer los hechos.
“La función esencial del abogado de oficio es garantizar la defensa técnica desde el primer momento y velar por el respeto de los derechos del imputado».
Un derecho que no puede ser negado
«Ningún instructor ni jefe de órgano de instrucción puede negarse a tramitar la solicitud de un abogado de oficio. Cuando el imputado expresa su voluntad de declarar con la asistencia de un jurista el órgano de instrucción está obligado a gestionarlo.
“Las personas no siempre distinguen entre un abogado de oficio y un abogado contratado. Incluso, pueden considerar erróneamente que uno defiende mejor que otro. No es así. Todos los abogados estamos en la obligación de ejercer la defensa con igual responsabilidad y profesionalidad.
“Durante la instructiva de cargo se le pregunta a la persona si desea declarar con la presencia de un abogado o sin ella y esa decisión queda reflejada documentalmente. Si la persona manifiesta inconformidad o se niega a firmar, ello no puede interpretarse en su perjuicio, porque simplemente está ejerciendo un derecho constitucional.
“La Constitución de la República, aprobada en 2019, impulsó una importante actualización legislativa para fortalecer las garantías procesales y el debido proceso. La Ley 143 surge precisamente para desarrollar esos principios constitucionales y ofrecer una mayor garantía a las personas involucradas en procesos penales.
“Por ello, ningún instructor puede justificar la ausencia de un abogado de oficio alegando falta de tiempo o vencimiento de términos. La obligación de gestionar esa asistencia corresponde al órgano de instrucción.
“Si un abogado se encuentra en la unidad realizando otros trámites, puede participar como abogado de oficio, siempre que cumpla con los requisitos legales de revisar el expediente, entrevistar al imputado y prepararlo para la declaración.
“Lo verdaderamente importante es que se respeten las garantías establecidas por la ley y que toda persona tenga acceso efectivo a la defensa desde el inicio del proceso penal».
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