Las Tunas.- Para algunos la protección al consumidor sigue siendo una asignatura pendiente en Las Tunas. Otros consideran que se ha avanzado con la entrada en vigor de la Resolución 54/2018; y la mayoría  coincide en que lo ideal es que se generalicen esas buenas prácticas en todos los sectores que ofrecen servicios.

Para Odalis Marchán Hervás, directora provincial de Comercio, hoy las administraciones tienen una alta responsabilidad en que se cumpla o no lo establecido, y lo primero es que deben garantizar las condiciones para que el trabajador pueda ofrecer un buen servicio y proteger al consumidor, lo cual a veces no se logra.

«La población debe recibir los productos y servicios que cumplan los requisitos de calidad, así como ser protegidos contra la publicidad falsa o engañosa de cualquier proveedor, satisfacer las necesidades adecuadas y oportunas de bienes y servicios, además de comprobar el peso de los productos adquiridos en el área de venta, estos constituyen los principales derechos de los consumidores.

 «También existen deberes para los consumidores, por ejemplo, informarse de las características del producto antes de efectuar el acto de compra venta, ejercer el derecho de defenderse ante cualquier insatisfacción siempre y cuando lo haga sin agredir siquiera verbalmente al dependiente y acatar las normas de conducta y cuidado de la propiedad social», puntualizó Marchán Hervás.

La Resolución 54/2018 es un instrumento vital, se ha discutido y comprendido por los trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, solo falta su completa aplicación, ya que el consumidor está en su derecho de reclamar por la falta de calidad o de mal pesaje del producto que compra. Pero, insiste Marchán Hervás, «todo debe hacerse con ética, respeto y decencia».

Entre las cuestiones que siguen suscitando preocupación casi unánime de los clientes en Las Tunas está el mal estado de las pesas. En honor a la verdad los instrumentos de pesaje poseen una marcada caducidad y desactualización respecto al Sistema Internacional de Unidades, que se usa en casi todos los países del mundo.

No obstante, el problema de la estafa cuando se perjudica a la población va más allá del tipo de báscula, siempre que esté adecuadamente calibrada, y en esto incide, esencialmente, el factor humano.

«La población tiene en el derecho de dirigirse a las instancias establecidas ante cualquier insatisfacción o reclamación, comenzando por la administración en la unidad donde reciba el servicio,. Si no recibe el adecuado tratamiento podrá acudir a la unidad empresarial de base, a la empresa, al grupo Estatal y finalmente a la dirección nacional del Ministerio de Comercio Interior, organismo rector que monitorea y lleva a cabo la protección al consumidor en nuestro país», concluye la directora provincial de Comercio en Las Tunas.

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