¿Cómo detener los precios especulativos y abusivos?

24 de Feb de 2021
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La protección al consumidor en tiempos de ordenamiento monetario resulta uno de los principios más importantes en la actual coyuntura que vive el país, por lo que en la provincia de Las Tunas se conformaron 19 grupos de trabajo para el enfrentamiento a los precios especulativos y abusivos.

Y eso está muy bien, pero la práctica echa por tierra no pocos esfuerzos para encauzar la protección a los clientes, que todos los días se enfrentan a precios inalcanzables para sus bolsillos.

En las calles de Las Tunas hay una premisa que la población esgrime con mucha razón: la situación para adquirir cualquier producto ahora es más difícil que antes de la Tarea Ordenamiento, lo cual responde, ciertamente, a dos hechos concretos: los errores cometidos en la conformación de varios precios -demasiado altos- y a la insensibilidad de no pocos vendedores de todo tipo que ofertan sus productos a precios abusivos.

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Hasta hoy ni el Decreto 30 del Consejo de Ministros sobre las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas, ni las multas de altas cuantías, han sido capaces de frenar la tendencia de un fenómeno extremadamente dañino para el pueblo, que se debate ante la encrucijada de comprar algo cuando en realidad no le da la cuenta de acuerdo con sus ingresos.

Entonces, ¿ha sido efectiva la labor de los 19 grupos de trabajo para el enfrentamiento de esta tendencia negativa? A las claras la respuesta es no, lo cual no responde a un mal trabajo completamente, sino a la dispersión de las conductas abusivas de los que venden, que no tienen en cuenta que ellos mismos forman parte del pueblo y gozan de los mismos derechos que todos, que sus hijos van a las escuelas y a los hospitales sin tener que pagar nada, pero el ansia de ganar más y más, puede más que la razón.

En la provincia se han impuesto medidas rigurosas y ejemplarizantes, que no se limitan sólo a las multas de cinco mil hasta ocho mil pesos, porque se han confiscado no pocos bienes y se han retirado licencias a trabajadores no estatales, pero no ha bastado.

La dirección de Supervisión Integral en el municipio de Las Tunas, por ejemplo, está inconforme con lo que pasa. Su director, Arcadis Estrada Rodríguez, señalaba la falta de enfrentamiento popular a todas estas conductas, porque aun cuando los facultados para aplicar lo establecido sean los inspectores, a todos los ciudadanos les debe inquietar un precio alto, tanto en el sector estatal como no estatal, y denunciar el hecho, lo cual no pasa en la mayoría de los casos y eso limita la acción de la supervisión que no puede estar en todos los lugares, sin quitarle su cuota de responsabilidad.

La venta de carne de cerdo y carnero por privados es uno de los hechos más recurrentes con precios de hasta 120 pesos la libra, un valor inalcanzable para la mayoría de la población, y sin embargo se vende, no alcanza, y cuando alguien denuncia al llegar los inspectores ya los vendedores no están o no hay señales de la venta.

Y aquí viene la pregunta de no pocos: si el sector estatal no vende carne de cerdo y en el caso del carnero lo hace a precios exorbitantes en la carnicería especializada que funciona en la ciudad de Las Tunas, ¿dónde se compra la carne, tan necesaria para la dieta diaria? Se sigue vendiendo a escondidas, pero es una minoría la que puede comprar a costos tan altos porque, simplemente, el salario no da para eso.

El mercado con precios abusivos ahora mismo existe porque encuentra receptores, hay pocas denuncias y los inspectores tampoco ejercen su labor con una eficiencia óptima en todos los casos.

Estamos ante un problema extremadamente complejo, que solo terminará cuando la oferta aumente, haya variedad y cantidad para escoger, pero mientras tanto es preciso el enfrentamiento por parte de todos y una mayor exigencia de las instituciones estatales responsabilizadas con el asunto. Lo demás, será como un bálsamo que alivia, pero no cura.

/nre/

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