¡Al fin ya pueden entrar a mi establecimiento más de 50 clientes!, comenta la propietaria de un restaurante de la ciudad de Las Tunas, lo cual es posible por algunas de las disposiciones jurídicas que desde el mes de julio se informó en la Gaceta Oficial número 35 para guiar el trabajo no estatal en Cuba.
A partir de ese momento en cada municipio se impartieron seminarios de preparación para que los trabajadores de ese sector comprendieran y tomaran decisiones legales correctas para el desenvolvimiento de sus negocios. Para conocer la repercusión de estas normativas tiempo21 se acercó a algunos de ellos.
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El hilo que guió mi búsqueda de opinión comienza con una joven graduada de la Universidad dedicada a una segunda profesión: el negocio de la gastronomía, en este caso en una pizzería. Ella aclara que algunas de las modificaciones sí los benefician pero todavía no están creadas las estructuras necesarias para agilizar y propiciar legalmente los procesos. Explica que la ausencia de un mercado mayorista en Las Tunas dificulta todos los trámites e incluso obliga a encontrar otros surtidores, casi siempre más caros y obviamente, ello implica el alza de los precios de los productos.
A esta joven le preocupa que los mercados donde compra sus insumos (La reguladora o el Serrcucho) no le entregan el comprobante de venta y entonces se pregunta «¿qué debo hacer para justificar los gastos, yo tengo que inventarme los vales?»
Más adelante en mi camino por la ciudad encuentro a una peluquera. De acuerdo con el artículo que permite más de una licencia, pues en su local también se brindan servicios de manicura y así no tiene que pagar por dos licencias tan afines, aunque con un poco de incertidumbre se pregunta «¿qué hago con la patente de una cafetería de mi propiedad si me acojo a la de servicios de belleza?»
Casi al final de mi recorrido, decido llegar al local de un tatuador. Él no entiende por qué las nuevas estipulaciones no contemplan como uno de los trabajos no estatales el de tatuar si él cumple con los requerimientos sanitarios. Cuando le pregunto si lo han orientado con algún seminario, la respuesta es negativa.
En estas opiniones y otras de trabajadores no estatales que no accedieron a brindarme declaraciones queda claro de que existe cierta incertidumbre sobre algunas medidas que los atañen directamente, en algunos casos porque la preparación establecida nunca llegó por problemas organizativos.
La duda y la resistencia al cambio se dibujan en muchos rostros cuando se habla de estas nuevas disposiciones y como me comentaba una vendedora de bisutería «hay gente que invierte en negocios para luego perderlo todo cuando una nueva ley aparece».
Es necesario que todas las personas que mantienen negocios en el sector no estatal se informen sobre estas nuevas disposiciones jurídicas y a medida que avance el proceso se revisen con ellos para lograr una mejor coherencia entre los intereses estatales y los particulares. Al final ese debe ser uno de los objetivos primordiales.
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