Las Tunas.- En el complejo panorama del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, en la provincia de Las Tunas han fallado el cumplimiento y la efectividad de acciones dirigidas a su prevención y enfrentamiento.
Más allá de los números y la cantidad de hechos, de lo que se trata es de ir a la esencia del problema, las causas que lo originan y el análisis profundo en la provincia y los municipios de los resultados de la implementación de las directivas generales desde el Gobierno central, en lo cual hasta ahora no se alcanza la efectividad y los impactos que se necesitan y demanda el pueblo.
Una de las causas fundamentales es el débil accionar en el control y protección de los recursos, la aplicación de medidas disciplinarias a los responsables directos y colaterales de los problemas detectados o conocidos por parte de las administraciones.
Asimismo, los mecanismos de fiscalización e inspección estatales no enfrentan con la energía y combatividad necesarias las ilegalidades, los precios especulativos y abusivos, las violaciones de normas y el descontrol de los actores económicos no estatales.
Los complejos escenarios y las transformaciones económicas constituyen un riesgo cuando no existe un ambiente de control y los planes de prevención se convierten en documentos formales; mientras que los niveles intermedios y superiores de dirección empresarial, los gobiernos locales y sus direcciones globales, no siempre ejercen la debida fiscalización sobre el funcionamiento de las entidades de base y sus resultados económicos.
De los análisis realizados sistemáticamente por el Gobierno Provincial del Poder Popular se evidencia que en la labor de las asambleas municipales y los consejos populares no se evalía con sistematicidad el tema de la prevención y atención social. Tampoco se identifican en todos los casos las deficiencias detectadas y los responsables, y hay falta de accionar de los Consejos de la Administración, además de que en las comunidades no existe coordinación en las acciones para afrontar el problema, pues por lo general la labor se concentra en la asistencia social, los diagnósticos y controles estadísticos.
Con relación a la corrupción, que es un peligro potencial y destructivo, hay que tener en cuenta los enfoques sobre el flagelo, entre los que se distinguen las prácticas corruptas por favoritismo, amiguismo, privilegios, exclusión, abuso de poder, acoso, soborno, la sobreprotección, el mal manejo de los recursos, la malversación, la indolencia, la ineptitud y el engaño, por solo citar unos pocos de una larga lista, y algunos de los cuales muchas veces se desdeñan.
Por todo ello, es preciso organizar y desarrollar, a nivel de Consejo Popular, un proceso dirigido al enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales, así como la actividad de prevención y atención. En ello se deben tener en cuenta a los desvinculados del estudio y trabajo y asegurar la realización de ejercicios y operaciones dirigidos a enfrentar de manera resuelta y gradual los principales hechos que afectan a la economía del país y generan un mayor impacto en la población.
En todo este entramado las líneas de trabajo deben responder al pensamiento del General de Ejército Raíl Castro, quien ha asegurado que la corrupción en la Isla es equivalente a la contrarrevolución, por lo que hay que ser implacable con algo que puede llevar al país a la autodestrucción.
/mga/
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