Ese hecho ha provocado cuestionamientos por el presunto incumplimiento del artículo 93 Código de la Democracia, según el cual quienes aspiren a la reelección deberían tomar una licencia sin remuneración.
Desde el Ejecutivo alegan que para el gobernante no es obligatorio dejar el cargo para la campaña porque no opta por la reelección, ya que llegó al poder con el fin de completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso, que activó la muerte cruzada en 2023.
El Código de la Democracia, que rige aquí los procesos electorales, también señala la prohibición de que los funcionarios, desde la inscripción de su candidatura, participen en la inauguración de obras u otros financiados con fondos píblicos.
En ese contexto, la víspera, en el primer día de la campaña, el jefe de Estado saludó a sus simpatizantes desde un balcón del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
Desde ahí aseguró que «en cinco semanas venceremos» y afirmó que su Gobierno no se rinde ante «golpistas».
«Debemos estar atentos, porque no es solo una elección, es una lucha contra la desigualdad, el pasado, contra el narcotráfico, la delincuencia y la indolencia», señaló en un breve discurso.
Noboa es uno de los 16 candidatos a la presidencia y, como no solicitó licencia, contaría con la ventaja del poder para buscar votos, advirtió la víspera la legisladora de la RC y extitular de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz.
Según las encuestas, el gobernante, líder del movimiento Acción Democrática Nacional, y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, encabezan las intenciones de voto con vistas a los comicios generales venideros, cuando también se elegirán asambleístas y parlamentarios andinos.
El Consejo Nacional Electoral evitó emitir una aclaración sobre el tema de la licencia obligatoria y el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, señaló que corresponderá al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse al respecto, en caso de existir una denuncia formal.
Juristas ecuatorianos, como el abogado constitucionalista André Benavides, alertaron que no acatar las normas traerá consigo consecuencias en el orden electoral y penal para los candidatos, e incluso constituye una causal de juicio político contra el presidente.
La decisión de Noboa de no pedir la licencia tiene como trasfondo la pugna con la vicepresidenta, Verónica Abad, quien debería reemplazarlo en el cargo mientras dura la campaña, sin embargo, el mandatario nombró mediante decreto ejecutivo a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada.
Aín así, Noboa se mantiene en el cargo muy seguro de que ganará las elecciones y sin aparente temor a las consecuencias legales de su decisión.
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