¿Por qué en la provincia de Las Tunas la mayor oferta de productos agropecuarios está en manos de los trabajadores no estatales?
Y no es una pregunta sosa, sin sentido, ni es que haya nada en contra de esos trabajadores, que en su mayoría nada tienen que ver con los productores ni los representan, porque se dedican a la reventa, pero ¿dónde está la responsabilidad de la agricultura en su sistema estatal? Ahí radica el problema.
Hace más de año y medio que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 148 de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, y sin embargo, en esta provincia no se notan los resultados concretos, más allá de que haya trabajado de manera sistemática en función del cumplimiento de las acciones previstas para cada etapa y programa, el cual se evalúa trimestralmente por la comisión provincial y en los recorridos que mensualmente se realizan por los municipios para contactar de manera directa con las formas productivas y productores, según el propio Gobierno provincial.
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