Las Tunas.- Los trabajadores de la Dirección de Justicia y la Consultoría Jurídica en la provincia de Las Tunas examinaron el Proyecto Constitucional en un encuentro que destacó por el debate técnico-jurídico y varias propuestas de adición y precisiones a la futura Carta magna.
Los expertos en derecho dedicaron varias intervenciones a los fundamentos económicos y a los títulos dedicados a la ciudadanía y los deberes, derechos y garantías, considerados por ellos temas claves para la igualdad en el actual contexto nacional.
Al respecto consideraron el reconocimiento a la libre circulación de los cubanos y cubanas, que les permita la entrada y salida al país sin ninguna limitación, y la posibilidad de ingresar al territorio los efectos personales adquiridos como parte de su patrimonio.
La jurista Consuelo Rodríguez Valenciano consideró que el artículo 20 debe elegir entre los términos propiedad privada y personal, pues se refieren a lo mismo -dijo- y «crea confusiones innecesarias desde el punto de vista jurídico y divergencias de conceptos».
El debate también se acercó desde varias aristas a la necesidad de agregar al actual artículo 48 que toda persona debe tener acompañamiento jurídico ante una detención desde las primeras horas con derecho a tutela efectiva.
Además refirieron que las confiscaciones de bienes deben realizarse por decisión jurídica y no por resoluciones de los organismos gubernamentales.
Por su parte Yordanis Álvarez Azar propuso reconsiderar en el artículo 40 todos los posibles tipos de discriminación que puedan afectar a la ciudadanía, como los referidos al lugar de nacimiento y adquisición económica, que se muestran actualmente en Cuba.
A la vez ratificó los ya recogidos por razones de sexo, género, orientación sexual, origen étnico, color de la piel y creencia religiosa.
Frank Rodríguez Hidalgo apoyó el criterio de sus compañeros de que el trabajo debe ser en Cuba una obligación para aquellas personas aptas y solicitó incluir su propuesta en el texto constitucional.
Al formar parte de la consulta popular los juristas opinaron que no es necesario incluir un artículo referido al matrimonio entre dos personas, cuando existen otras opciones para reconocer las uniones civiles y los reconocimientos de derechos.
Sin embargo, Marlene Larramendi Fernández planteó que es oportuno pensar en ese derecho del que no deben ser privados los cubanos y las cubanas.
Los presentes en la reunión apoyaron la idea de crear un órgano de protección jurídica a la población y liberar a la Fiscalía de la República de esa responsabilidad, pues es una entidad que cumple las funciones de condenar y proteger a la vez.
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