La Habana.- El número de propuestas y modificaciones al proyecto de Constitución de Cuba crece a diario como resultado de la amplia participación en las consultas organizadas en los centros laborales, de cuyo inicio se cumplieron hoy 10 jornadas.
Entre las sugerencias formuladas este jueves figuran las de Rigoberto Ladrón de Guevara, director del territorio Plaza de la empresa Aguas de La Habana, dirigidas, esencialmente, a los fundamentos económicos de la nación y a la estructura del Estado.
El ciudadano comentó que el artículo 21 del proyecto reconoce nuevas formas de propiedad en la isla y declara que el Estado estimula aquellas de carácter más social. En su opinión, todas deben considerarse como variantes que tributan al desarrollo de la economía socialista.
Dar el sí por esta Constitución en la que prevalecen los derechos conquistados por las cubanas,es dar el sí por nuestra familia,nuestros hijos, por Fidel y Vilma,por ese mundo mejor que todos queremos, expresó Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la @FMC_Cuba #Cuba pic.twitter.com/JzdiOjtecx
— Guerrillero (@guerrillero_cu) 23 de agosto de 2018
Su propuesta formula, en lugar de la redacción actual, que el Estado debe promover el desarrollo de la economía socialista en beneficio del pueblo; todas las formas de propiedad contribuyen al fomento del socialismo cubano.
En otro momento de la reunión, Ladrón de Guevara planteó incluir un nuevo apartado en la sección del documento relativa a la estructura del Estado (o en el actual artículo 108) que impida a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) simultanear sus responsabilidades como tal con la de un cargo en el gobierno, por ejemplo, el de ministro.
De acuerdo con su explicación, estos funcionarios rinden cuenta ante la Asamblea y, por lo tanto, no deben ser jueces y parte.
Al decir de Ulises Fernández, técnico en recursos hídricos, el debate del proyecto de Constitución en los centros de trabajo y en los barrios es el proceso más importante visto en los últimos años en el país.
«En primer lugar, por involucrar a todo el pueblo, y luego por hacer valer el derecho de cada quien a aportar criterios y proponer modificaciones», dijo a Prensa Latina.
De forma general -consideró-, la población está involucrada en el análisis, aunque a veces en las asambleas no se refleja toda la discusión previa que ocurre en las comunidades y en los propios centros de trabajo.
En Cuba están previstas unas 135 mil reuniones, y los criterios aportados por los ciudadanos regresarán a la Asamblea Nacional para la elaboración de una carta magna, que, de aprobarse luego en referendo popular, sustituiría a la vigente desde 1976.
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