Si hoy la mayor oferta de alimentos agropecuarios está en manos de los trabajadores no estatales y los puntos de ventas que aparecen en cualquier lugar es una muestra de que en Las Tunas se ha avanzado muy poco en la implementación de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional en los consejos de la administración municipales, las asambleas municipales del Poder Popular y el Consejo Provincial.
Desde mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó esa importante Ley. Sin embargo, en esta provincia no se notan los resultados concretos, más allá de las acciones que aparecen en el informe de la Rendición de Cuenta del territorio ante el Parlamento cubano en diciembre próximo.
Se asegura que se ha trabajado de manera sistemática en función del cumplimiento de las acciones previstas para cada etapa y programa, el cual se evalúa trimestralmente por la Comisión Provincial y en los recorridos que mensualmente se realizan por los municipios para contactar de manera directa con las formas productivas y productores.
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