Las Tunas.- Superiores resultados en la solución a las problemáticas de la ciudadanía se manifiesta en la provincia de Las Tunas donde la Oficina de atención a la población, el trabajo comunitario integrado Por nosotros mismos, el programa radial de participación ciudadana Latir del Pueblo y los despachos con los delegados de circunscripción, posibilitan el intercambio entre las autoridades y los pobladores.
El pasado año, mediante la oficina existente para ese fin en la Asamblea Provincial del Poder Popular, los tuneros ventilaron más de 27 mil asuntos mediante cartas, entrevistas o llamadas telefónicas para referir quejas, denuncias o sugerencias.
Juan Carlos Hernández González, secretario de ese órgano de gobierno, refiere que los temas de mayor preocupación entre los pobladores versan entorno a la situación constructiva de las viviendas y de los caminos rurales, la morosidad en la entrega de solares, los salideros en las redes hidráulicas, las tupiciones en el alcantarillado, la higiene comunal y la necesidad de ayuda económica por parte del Estado.
Aunque la solución a algunas de estas inquietudes en ocasiones depende de inversiones de gran envergadura, durante el calendario precedente en Las Tunas más de 10 millones de pesos de la contribución territorial para el desarrollo local posibilitaron la reparación de centros de salud, educación, comercio y de caminos rurales y viales urbanos.
Con este financiamiento también fue posible eliminar tendederas y electrificar 25 comunidades, además de rehabilitar 79 bodegas y sustituir unos ocho kilómetros de redes y tuberías de acueducto.
En Las Tunas la atención a la población evidencia, en comparación con etapas precedentes, un saldo superior en la calidad y prontitud de las respuestas, aunque aún persiste morosidad e insensibilidad en algunos funcionarios urgidos de cumplir lo dispuesto por el país que hoy confiere al asunto máxima prioridad.
Sobre esta importante labor destaca su trascendencia en el ejercicio de gobierno al reconocerse como un derecho constitucional que evidencia la confianza de las personas en las instituciones y la retroalimentación entre las autoridades y la ciudadanía.
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