La Habana.- Cuba está inmersa en un proceso de reforma constitucional que busca perfeccionar y actualizar la ley fundamental de la nación, vigente desde el 24 de febrero de 1976.
En ese empeño, una comisión integrada por 33 diputados y presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro, trabaja desde junio en la confección del anteproyecto de Constitución.
Dicho grupo lo conforman entre otros el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el segundo secretario del Comité Central del PCC, José Ramón Machado Ventura.
La Carta Magna rige y regula los principios, valores, derechos, garantías y límites que reconoce son la expresión más alta del consenso en materia política de una sociedad; de ahí que como documento legal más importante, precise un marco que abarque los cambios económicos y sociales ocurridos principalmente en la última década.
Además, que refleje la sociedad cubana actual, más culta, diversa y compleja que la de hace medio siglo.
Aunque de momento no existen muchos detalles del contenido de la reforma, se espera que entre los cambios se incluya el llamado de Raúl Castro a limitar el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, y a establecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades.
En el actual escenario de cambios, también resulta esencial reconocer las nuevas formas de propiedad e incorporar al texto constitucional contenidos de tratados y protocolos internacionales suscritos por Cuba en materia de derechos de los ciudadanos, bajo el precepto de igualdad entre las personas, sin discriminación de ningún tipo.
Una primera propuesta de modificación de la Constitución fue presentada en junio por el diputado José Luis Toledo, quien planteó separar en personas distintas los cargos de presidente de las asambleas locales del Poder Popular y la dirección de sus órganos de administración.
La iniciativa expuesta por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, es fruto del experimento realizado en las occidentales provincias de Artemisa y Mayabeque a fin de elevar la eficiencia en la gestión de los gobiernos territoriales.
Una vez analizado por el Parlamento, el anteproyecto será sometido a una amplia consulta popular y posteriormente a un referendo.
A principios de julio, el VII Pleno del Comité Central del PCC debatió durante dos días una propuesta del texto, paso previo a su análisis en las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada del 18 al 21 del propio mes.
La Historia
Cuba cuenta con una vasta historia constitucional que surgió apenas seis meses después de iniciada las luchas armadas por la independencia, en 1868.
El 10 de abril de 1869 los combatientes cubanos confeccionaron y aprobaron la Constitución de Guáimaro, primer texto de su tipo en el país, redactado en la Asamblea que tuvo lugar en esa localidad de la central provincia de Camagüey.
Con el propósito de lograr la organización y unidad del movimiento revolucionario y conformar un documento rector único, fijó los órganos de gobierno y reconoció la importancia de la lucha libertaria como vía para lograr la independencia de la isla, sometida entonces al poder colonial español.
Además, en sus preceptos proclamó la libertad y la igualdad de los hombres al abolir la esclavitud.
A juicio de analistas, su aplicación marcó un referente para el futuro, pese al escenario complejo que emergió de la intervención de lo civil en lo militar, y a elementos como el regionalismo, la falta de unidad e indisciplinas que frustraron la primera contienda por la libertad de Cuba.
En ese sentido, refieren que sus proyecciones democráticas, libertarias y antiesclavistas, proporcionaron una adecuada base programática a la revolución, aunque la estructura y el funcionamiento político resultaban demasiado complejos para aplicarse con efectividad en medio de la guerra.
La segunda Ley Fundamental de la isla se adoptó en 1878 tras el Pacto del Zanjón y la Protesta de Baraguá, fruto del ideario del prócer independentista Antonio Maceo y la aspiración de continuar la lucha hasta alcanzar la independencia definitiva.
La más pequeña de las constituciones mambisas, conformada por apenas cinco artículos, determinó un gobierno provisional compuesto por cuatro individuos en el que se reunieron las funciones legislativas y ejecutivas, lo cual dejó a un lado la concepción de tres poderes asumidos por la Constitución anterior.
Apenas siete meses después de retomada la lucha fue aprobada la Constitución de Jimaguayú, texto que superó las contradicciones entre el mando civil y el militar tras la experiencia de la Guerra de los Diez Años (1868-1878).
Conformada por 24 artículos, estableció un Consejo de Gobierno con prerrogativas administrativas y legislativas integrado por un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios de Estado; y otorgó plena autonomía al mando militar.
En su último artículo se especificó que si en dos años la guerra contra la metrópolis española no estaba ganada, debía convocarse a otra Asamblea Constituyente.
Lo anterior se cumplió el 10 de octubre de 1897, en La Yaya, también en Camagüey, con la participación de 24 delegados en representación de los seis cuerpos del Ejército insurrecto.
La nueva Constitución, que adoptó el nombre de esa zona, estableció los requisitos para ser considerado ciudadano cubano, así como el deber cívico de servir a la Patria al implantar el servicio militar como deber obligatorio de los ciudadanos.
Además, definió los requisitos para ocupar la presidencia de la República y reguló los derechos civiles individuales.
No obstante, especialistas señalan que La Yaya constituyó un retroceso con respecto a la precedente por el resurgir de las contradicciones.
Un nuevo contexto imperaba cuatro años después con la intervención militar de Estados Unidos en la guerra de independencia, que frustró la victoria de los mambises sobre el colonialismo español.
El llamado a elegir delegados para una Convención Constituyente se hizo público mediante una Orden Militar, ya bajo la ocupación estadounidense.
El 12 de junio de 1901, pese a vigorosas discusiones entre algunos constituyentes defensores de la soberanía de Cuba, se aprobó incorporar un apéndice a la Constitución, conocido como Enmienda Platt, que reafirmó la condición neocolonial de la isla y concedió prerrogativas a Estados Unidos sobre el territorio nacional.
No obstante, sentó las bases de un Estado definido en su primer artículo como independiente y soberano, y adoptó como forma de gobierno la república.
Años más tarde, el entonces presidente Gerardo Machado promovió una reforma a dicha Constitución con el objetivo de prorrogar su gobierno y, aunque enfrentó una fuerte oposición popular, en marzo de 1927 la Cámara de Representantes concluyó la discusión del proyecto y tres meses después fue aprobado.
El 10 de octubre de 1940 una vez más la localidad camagüeyana de Guáimaro fue sede de la firma de la Ley Fundamental de la nación, considerada la más avanzada de América en esa época, dado el alcance social de sus preceptos.
El espíritu progresista marcó la Constitución de 1940, que entre otros aportes, reconoció el derecho de los obreros a la huelga, declaró el trabajo como un derecho inalienable del hombre y proscribió la discriminación por motivo de sexo o color de la piel.
También estableció la protección especial a la familia y a la igualdad de la mujer, se pronunció por la educación general y gratuita, y por la salud pública al alcance de todos.
Sin embargo, una gran parte de las disposiciones complementarias, necesarias para concretar lo estipulado, jamás obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes ni del Senado.
Con el triunfo de la Revolución cubana en 1959 se hizo necesaria la concepción de una nueva Carta Magna, proclamada el 24 de febrero de 1976 y reformada en 1978 y 1992.
Vigente hasta la actualidad, la legislación declara que Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana.
Justo en esa línea se mantendrá la nueva Constitución que, según declaró el presidente Miguel Díaz-Canel, preservará los principios humanistas y de justicia social imperantes en la mayor de las Antillas, así como la irrevocabilidad del sistema socialista adoptada por el pueblo en 2002, en anterior reforma. (Ivette Hernández Riesco/PL)
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