Las Tunas.- Si bien los hechos de corrupción detectados por la Contraloría disminuyeron en el 2020, en comparación con el año precedente, los daños económicos por este concepto crecieron un seis por ciento.
Así se supo durante el balance del Sistema Territorial de Auditorías en la provincia de Las Tunas, momento en el que auditores y contralores ratificaron su compromiso de velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa.
Aunque fue un año en el que se tuvieron que cambiar las rutinas de trabajo, debido a la pandemia de la Covid-19, se cumplió a un 94 por ciento el plan de auditorías y otras acciones de control previstas.
Según trascendió en este balance aún son insuficientes los controles internos en las entidades y estructuras tuneras, pues la mayoría de las dificultades se detectan por acciones de fiscalizaciones externas.
Sigue siendo un problema a lo interno de las estructuras el completamiento de las plantillas de auditores, al tiempo que urge una mayor atención, tanto material como espiritual, a quienes desempeñan estas actividades.
El 2020, además de ser atípico por la pandemia, puso a prueba a los auditores y contralores, pues tuvieron que ser asesores para la puesta en práctica de la Tarea Ordenamiento y prepararse para implementar las nuevas normas cubanas de auditoria.
Tras la implementación de estas nuevas pautas el actual calendario demandará mayor preparación y rigor en la labor. Así señaló Marbelis Almaguer Infante, contralora jefa en la provincia de Las Tunas, quien además ratificó el papel educativo y preventivo de todas las acciones de control que emprendan, sin dejar de imponer lo dispuesto en las leyes a quienes infrinjan lo reglamentado.
La Contraloría es una entidad fiscalizadora superior encargada de velar por el cumplimiento y el control de los procedimientos administrativos y presupuestarios del Estado. Asimismo, se dedica a obtener, custodiar y manejar la información necesaria para el control del dinero y otros recursos, así como examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos.
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