En el contexto de las conversaciones por la paz en esa nación suramericana que se sostienen desde 2012, la insurgencia instó al Estado colombiano a una redefinición de su política de seguridad.
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Pidió que incluya el concepto de seguridad humana integral y el desmontaje de las estructuras del paramilitarismo.
Un comunicado de la delegación del grupo rebelde afirma que la normalización integral de la vida nacional y la transformación de las FARC-EP en organización legal tendrán como condición un proceso de redefinición concertada de la política de seguridad del Estado orientada a privilegiar y establecer un concepto de seguridad humana integral.
Todo ello con el fin de que dicha concepción ofrezca «protección y garantías a la población en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como en el reconocimiento y materialización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
Asimismo, las FARC-EP demandaron el reconocimiento por parte del Estado de la existencia y persistencia de estructuras criminales de contrainsurgencia, (especialmente las paramilitares) y exigieron medidas excepcionales y extraordinarias para prescindir de ellas.
La perspectiva de un Acuerdo final y la transformación integral de las FARC-EP tienen como condición necesaria e indispensable a la vez la desarticulación de las estructuras criminales de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar y/o narcotraficante y mafioso, afirmó un vocero de la mayor guerrilla colombiana. (Prensa Latina)
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