La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aprobó a través del decreto 4082 la asignación de 34,7 millones de bolivianos (unos 5 millones de dólares) para mejorar el «equipamiento» de las Fuerzas Armadas, quienes tienen «la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden público».
«Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación, a realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs 34.796.098, a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas», refiere el artículo 2 del decreto firmado el 15 de noviembre y publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.
El texto, firmado por Áñez y sus 17 ministros de Estado posesionados hasta esa fecha, agrega que las Fuerzas Armadas tienen «la atribución y responsabilidad de coadyuvar en caso necesario, a la conservación del orden púbico, a requerimiento del Poder Ejecutivo y de acuerdo a la Constitución Política del Estado».
El mismo 15 de noviembre fue aprobada otra disposición que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan en los «operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno» en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se han vivido multitudinarias protestas para exigir la renuncia de Áñez y el pronto retorno del dimitido mandatario Evo Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como «grave» el contenido de esa norma. El documento, según la organización, «desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta».
No obstante, el actual ministro de Defensa del gobierno de facto, Fernando López, cuestionó al organismo internacional por criticar la medida «sin tomar el contexto y situación que se vive en Bolivia».
Por su parte, Morales también se pronunció al respecto y manifestó que «los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y Fuerzas Armadas».
Según reportes policiales, tan solo el pasado sábado fueron detenidas 193 personas en medio de las movilizaciones.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo de Bolivia elevó a 9 la cifra de muertos por la represión durante la masiva marcha de cocaleros del pasado viernes 15 de noviembre. Además, se contabilizaron al menos 115 heridos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya son más de 20 los muertos y más de 715 los heridos desde el inicio de la crisis institucional y política que afecta a la nación andina. (RT)
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