La Habana.- «Queremos que el trabajo por cuenta propia se desarrolle, pero que sea en un marco de legalidad y cumplimiento de las normas, empezando por las de convivencia», afirmó Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social.
Por otro lado, nada de esto es exclusivo para el trabajo por cuenta propia, también es obligatorio para los servicios de este tipo en el sector estatal. Lo que estamos haciendo no difiere en nada de lo que tiene establecido el país para el sector estatal, dijo en diálogo con Juventud Rebelde, sobre la entrada en vigor, el siete de diciembre último, de nuevas normas para el reordenamiento y desarrollo de una de las principales formas de gestión no estatal.
Expresó que todas las permisologías marcan una diferencia entre la política anterior para el trabajo por cuenta propia y la actual. «Antes los trámites eran muy formales, se llevaba la documentación requerida y prácticamente, casi que de oficio, se otorgaban las licencias, al margen del cumplimiento de requisitos lógicos, elementales, como los de convivencia…».
Dijo que son las cuestiones que cambian con la política, ahora, además de los documentos consabidos, debe presentarse el proyecto de la actividad que va a realizar, qué hará, dónde lo hará y con quién.
«De qué manera usted va a poner una carpintería en un edificio de apartamentos sin molestar a los vecinos; cómo va a poner un servicio de reparación de baterías en un apartamento sin tener en cuenta el tema de los gases contaminantes, que no solo puede afectar la salud del vecino, sino la de su propia familia, y así pasa también con el tema del polvo, el ruido, y otros».
«Deben garantizarse los derechos fundamentales que el Código de Trabajo establece para los contratados, en el que rigen las normas dispuestas para los contratos —a tiempo determinado—, deben incluir la labor y el lugar donde se realiza el trabajo; la duración y el régimen de trabajo y descanso, que incluye las vacaciones, la cuantía y forma de la remuneración; las condiciones de seguridad y salud en correspondencia con la labor que se realiza, y cualquier otra cláusula que acuerden las partes, subrayó.
«Un trabajador por cuenta propia contratado debe saber y exigir por el cumplimiento de estos derechos. El cumplimiento de los contratos de trabajo es fundamental», subrayó Feitó Cabrera.
Añadió que según la información aportada por el Banco Central de Cuba, en diciembre se habían abierto 10 763 cuentas bancarias fiscales por quienes están obligados a operar este tipo de cuentas. El 73 por ciento pertenece a arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
«La Oficina Nacional de Administración Tributaria está desarrollando un proceso de convocatoria a todos los trabajadores por cuenta propia que deben hacerlo, a que acudan a las instituciones bancarias para aperturarlas, pues esto tiene términos asignados en la ley», manifestó.
En relación con las dudas más reiteradas que tiene hoy la población sobre el trabajo por cuenta propia en lo concerniente a la obtención de licencias y el ejercicio en sí del oficio, dijo que cuando se hicieron los seminarios a los trabajadores por cuenta propia para su capacitación, tras el anuncio a mediados de 2018 de las normas que entrarían en vigor en diciembre último, se recibieron por diferentes vías 936 planteamientos.
Del análisis de estos y de otros surgidos en la práctica, se obtuvieron ideas y criterios valiosos para enriquecer la política, por eso se modificaron algunos elementos de las normas previamente anunciadas, precisó.
«Como recordaremos, las principales modificaciones fueron la posibilidad de ejercer más de una actividad siempre que se cumpla con lo regulado; la eliminación del límite de 50 capacidades para el servicio de restaurant, bar y cafetería, y poder establecer más de una actividad de este último tipo en un mismo domicilio legal; y en la actividad de panadero-dulcero se incluyó la posibilidad de vender bebidas no alcohólicas, recordó.
Asimismo, se aprobaron modificaciones en cuanto al saldo mínimo, los depósitos y las transferencias en la cuenta bancaria fiscal.
«Hay otro grupo de opiniones. Y continuarán, a partir de los espacios y vías que para ello existen. Los trabajadores por cuenta propia solicitan que se unifiquen más actividades», acotó.
Manifestó que ello está ocurriendo con las licencias en el área de los alimentos. «Más allá de que se puedan obtener varias autorizaciones para ejercer estas actividades por una persona, plantean que pudiera adecuarse y tener una sola autorización para todas», subrayó.
«Se expone, por ejemplo, que en dependencia del lugar, en un local por la mañana pudiera darse servicio de desayuno como cafetería, y en el horario de almuerzo y comida funcionar como restaurante. Quienes están haciendo estas propuestas exponen que esto pudiera quedar explicado en los proyectos que deben presentarse en la solicitud de autorización, al incluir la planificación de los horarios de servicios», valoró.
Sobre otras solicitudes que se están planteando, refirió que se ha propuesto, además, que se reduzca el término de hasta 90 días dispuesto para las actividades que se otorgan con previa evaluación del Grupo multidisciplinario a nivel de los consejos de la administración provincial, en las que se incluyen los servicios de restaurantes y de bar y recreación, y para arrendar viviendas, habitaciones y espacios en caso de alquilar la casa completa o más de cuatro habitaciones.
Los trabajadores por cuenta propia sugieren que la evaluación de las solicitudes se realice a nivel municipal, a fin de abreviar los plazos, y en correspondencia con la nueva Constitución de la República, tras el Referendo, la cual fortalece el papel del municipio, expresó.
«También se está demandando mayor flexibilidad en los horarios de los establecimientos, los cuales son aprobados por los consejos de la Administración, pues no pueden ser de manera homogénea. Se ha pedido que sobre todo los más vinculados con los servicios a la comunidad, se aprueben casuísticamente, a partir de la propia solicitud que haga el trabajador por cuenta propia.
«Hay personas que quieren abrir muy temprano porque pretenden ofertar desayunos; otras por la madrugada porque dan un servicio de merienda… Está en dependencia de lo que vayan a ofertar, o porque entienden que hay un buen mercado en esos horarios. Usted no puede poner horarios generales para todos, eso no es justo», refirió.
«Han continuado igualmente las quejas de arrendadores sobre la disposición de requisitos adicionales para brindar hospedaje, fuera de lo dispuesto en las normas jurídicas. En varios espacios se ha tratado de esclarecer al respecto. Estos requisitos son para quienes se contraten a través de una agencia del Ministerio de Turismo (Mintur), que exige determinados estándares de calidad, pero sigue la confusión», enfatizó.
«Los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que no están vinculados al Mintur, cumplen los requisitos que establece la norma en el alcance de la actividad, y ningún cuerpo de inspección puede exigir por encima de eso. Hemos tenido que hacer requerimientos al respecto, comentó.
«Otro reclamo es el mercado mayorista. Se han buscado algunas alternativas, como la Zona+, centros comerciales minoristas especializados de la Corporación Cimex, con productos de gran formato y variedad; anualmente se destina un presupuesto para la importación de mercancías con destino específico al trabajo por cuenta propia, para su venta en la red de tiendas minoristas, pero aún no es suficiente y se buscan soluciones».
La viceministra primera señaló que todavía hay personas que ejercen de manera ilegal las actividades, y eso no puede enfrentarlo solo un cuerpo de inspección, tiene que hacerse de manera integral.
Agregó que la mayoría de las ilegalidades ocurren en la vía pública y en las afueras de las entidades estatales por lo que se requiere un actuar conjunto de todos. «A veces en el exterior de una tienda se permite que anuncien y saquen de todo, y que lo vendan ahí, incluso productos que son adquiridos en esa misma tienda, y ya se agotaron. La administración no puede permitir eso», advirtió.
«También ocurren irregularidades e ilegalidades por parte de quienes ejercen en áreas comunes del trabajo por cuenta propia. Esos establecimientos tienen un jefe, e independientemente de que las responsabilidades son individuales, el administrador tiene una función estatal que debe cumplir. Estas instalaciones son para ejercer la actividad de manera ordenada. Recientemente visitamos algunas de estas áreas, pero no hablamos con los trabajadores por cuenta propia, sino con los administradores, porque los primeros hacen lo que estos le permiten. Hay que poner orden».
Expone que las medidas puestas en vigor el pasado 7 de diciembre todavía son incipientes para pensar o decir que existe un cambio en el control, pero aseguró que hay algunos aspectos de las normas establecidas que se cumplieron y otros se están cumpliendo.
Por ejemplo, en cada uno de los territorios —a nivel de municipio y provincia— se designó un vicepresidente del Consejo de la Administración que integra en su gestión la organización y control del TPCP, auxiliado de un grupo de trabajo multidisciplinario para la toma de decisiones, significó.
«Se están visitando, además, a todos los trabajadores por cuenta propia con autorizaciones para ejercer las actividades que habían sido suspendidas, con el fin de comprobar que se están ajustando a lo establecido. Ahora hay que organizar la inspección para que se realice de forma integral, en composición de equipo, que es uno de los aspectos fundamentales que cambiaron con las nuevas normas.
«Al cierre de diciembre se impusieron 793 medidas por incumplimiento de la legislación. De ese total, 610 fueron notificaciones preventivas y 183 multas, el 18 por ciento por ejercer de manera ilegal», abundó.
«Estamos trabajando para consolidar el sistema de control. Nuestro Ministerio recibe información mensual del comportamiento de la actividad en cada uno de los territorios, y en el grupo nacional que se ocupa de este tema, evaluamos los resultados de la implementación de la nueva política para evitar que vuelvan a producirse desviaciones de lo acordado, porque no favorecen a nadie, ni al país ni a quienes se desempeñan en esta forma de empleo», opinó.
De acuerdo con Feito Cabrera al cierre de diciembre último había 580 mil 828 trabajadores por cuenta propia. El 29 por ciento son jóvenes y el 34 por ciento mujeres. El 15 por ciento labora también en el sector estatal, y un 10 por ciento son jubilados.
La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan el 65 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el país. (ACN)
/ymp/
Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube
