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Protección al consumidor: máxima para cumplir

Las Tunas.- Con el objetivo de proteger al consumidor ante los elevados costos que los trabajadores no estatales ponían a los alimentos, a finales del mes de abril del presente año, se estableció una lista de precios máximos para las ventas de productos agrícolas a la población.

Sin embargo a más de un mes de establecida esta medida,  la realidad es la misma.

En el trabajo periodístico: Productos del mercado: ¿a las cuántas será la vencida?, escrito por Luz Marina Reyes Caballero y publicado en el periódico 26 se expone que el sentimiento es de resignación cuando al comprar, los precios cobrados no coinciden con los de la tablilla de «información».

Entonces es válido preguntarse: ¿para qué tomar medidas que benefician al pueblo si luego no tenemos los mecanismos de control para velar que se cumplan?

Más allá de pensar en quién tiene la culpa y recurrir a la vaca; hay que tener presente que a conciencia de los particulares no se puede dejar el asunto, ya que se ha evidenciado la desconsideración de los mismos en más de una ocasión.

El director integral de supervisión en Las Tunas, Arcadis Estrada Rodríguez, nos comenta que es responsabilidad de la Empresa Provincial de Acopio velar porque estás leyes se cumplan; pero que hoy no tiene un sistema implementado de protección al consumidor, tienen deficiente sistema de medición y problemas administrativos.

Por otra parte están los campesinos, víctimas de disímiles regulaciones hacia ellos, quienes están en el surco, mientras otros se salen con las suyas.

La justicia es parte de la ideología e idiosincrasia del cubano. Somos justos por naturaleza, entonces evidenciar actuaciones como estas no nos pueden dejar de brazos cruzados.

Es momento ya de que se tomen las medidas pertinentes con los que creen en la ley del más fuerte, con los intermediarios entre campesino y pueblo, los negociantes, los abusadores.

Quizás la solución sí esté en la creación de un mercado agropecuario de oferta y demanda en el que los propios campesinos, trabajadores no estatales y concurrentes puedan ofertar sus productos de una forma más directa a la población.

/nre/

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