Las Tunas, Cuba. Miércoles 22 de Noviembre de 2017
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Venezuela constitucionaliza el respeto a la diversidad

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ANC venezolana aprobará medidas contra políticos desestabilizadores.La legislación está basada en la protección de los derechos humanos y en la política gubernamental de promover la paz.

Caracas.- Con la aprobación de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Venezuela avanza en un camino de consolidación de la paz, el respeto a la diversidad y cero permisibilidad a cualquier tipo de manifestación discriminatoria.

La legislación, que comprende 25 artículos, está basada en la protección de los derechos humanos y en la política gubernamental de promover la paz como un derecho individual y colectivo para los venezolanos.

Tras su aprobación el ocho de noviembre por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), su presidenta, Delcy Rodríguez, argumentó que la normativa invita a la convivencia pacífica y refleja el modelo de igualdad y respeto a la diversidad que promueve la Revolución bolivariana.

«Esta ley también expresa la naturaleza y el espíritu de la Revolución bolivariana, que es la igualdad. Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela, y lo convocó el presidente Nicolás Maduro, hombre de paz», expresó Rodríguez.

En sus artículos destaca la prohibición de funcionamiento para los partidos y organizaciones políticas que inciten a acciones fascistas, de odio o intolerancia.

Sanciona la divulgación de propaganda de guerra y mensajes discriminatorios por las redes sociales y los medios de comunicación tanto públicos como privados.

De igual modo contempla la creación de un grupo interinstitucional encargado de elaborar políticas públicas para garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco.

Además, diseñará estrategias con vista a prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política y social.

De acuerdo con lo estipulado en el instrumento jurídico, dicha comisión se centra en la implementación de la gestión social para el fortalecimiento y garantía eficaz del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública. 

Con la normativa se obliga asimismo a la prensa a divulgar mensajes de paz y tolerancia, lo cual se extiende a los centros de educación para que las nuevas generaciones crezcan en un clima de respeto a lo diferente.

Para el primer vicepresidente del foro plenipotenciario, Aristóbulo Istúriz, la ley, una de las propuestas del presidente Nicolás Maduro, estima la paz como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

Sin embargo, Istúriz resaltó la necesidad de nuevos mecanismos para frenar cualquier intento de hechos de violencia como los que instigó la oposición de abril a julio, y que dejaron al menos 121 fallecidos y casi dos mil heridos.

«Estamos seguros de que muchos de ellos, los que sembraron la violencia, los que trajeron la guarimba, no están contentos. Ellos quieren convertir la paz en una especie de tregua (para), en cualquier momento que tengan la oportunidad, retornar con las guarimbas, y eso no lo podemos permitir», enfatizó ante los 545 legisladores populares.

De acuerdo con un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Venezuela, se contabilizaron 4 mil 439 ataques promovidos por la ultraderecha nacional en su plan denominado La Salida II para forzar la caída de la Revolución bolivariana.

El secretario ejecutivo Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, dijo que la cifra de fallecidos es aún imprecisa pues varias organizaciones manejan datos diferentes, pero todos sobrepasan el centenar de víctimas fatales a causa también del caso omiso de la derecha a seguir la vía pacífica tendida por el gobierno para solucionar la crisis política, subrayó.

De la totalidad de los heridos, mil 958, 829 son funcionarios  de los órganos de seguridad del estado y de ellos 73 fueron lesionados con armas de fuego, lo cual evidencia la violencia que se utilizó contra la fuerza pública, expresó.

Además del daño psicológico para la población, en su mayoría para los que residían en las zonas del conflicto, los grupos vandálicos a sueldo de la oposición ocasionaron daños valorados en millones de dólares al patrimonio estatal y a numerosos negocios privados.

Al menos 10 escuelas quedaron parcialmente destruidas, incluyendo por segunda vez el caso del maternal del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, donde se encontraban en el momento del ataque 45 niños, 973 trabajadores, tres mujeres embarazadas y un menor con discapacidad, apuntó Devoe.

Igual suerte tuvo el materno-infantil Hugo Chávez en la parroquia El Valle, cuya agresión por parte de los grupos terroristas afectaron a 54 menores, 28 recién nacidos y 6 neonatos que se encontraban en terapia intensiva, los cuales tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales.

El odio se reflejó también en la quema de centros de acopio de alimentos para el pueblo con la consiguiente pérdida de grandes cantidades de esos productos y el vandalismo a  unidades de transporte, instalaciones del metro de Caracas y al sistema eléctrico nacional, resaltó Devoe.

Lo anterior, señaló, demuestra que las acciones estaban bien dirigidas a afectar los servicios básicos de la población y generar en los venezolanos situaciones de penurias.

Finalmente, precisó que además de organismos judiciales también resultaron objetivos de agresiones 200 centros de votación para intentar impedir que el pueblo venezolano se expresara democráticamente en los comicios para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio.

Impacto positivo en sectroes sociales de ley contra el odio

Maite García, integrante del Comité de Víctimas del Sicariato Campesino, opinó que con la aprobación de la referida ley se consolidó el valor del respeto a la vida y el cese de la impunidad.
A su juicio, la legislación enderezará a una derecha que tiene entre sus estrategias políticas la incitación a la violencia, a la destrucción y a la muerte.

«La ley definitivamente va a encarrilar a la oposición que tiene como práctica el terrorismo al camino democrático, de la paz y de la vida, del respeto a lo que somos los venezolanos y venezolanas de bien», dijo a Venezolana de Televisión.

Apuntó que vela además por la educación de las futuras generaciones con la promoción en los centros de enseñanza de Venezuela de valores relaciones con el respeto a lo diferente y por una convivencia pacífica.

García, miembro de un grupo que tradicionalmente ha sido afectado por la violencia política, manifestó su satisfacción con el nuevo instrumento jurídico pues consideró que es una vía para que llegue la justicia a las familias venezolanas que han sido golpeadas por el odio.

«Hay mucha esperanza porque sentimos que esta es la forma de hacer justicia a nuestros familiares, además asegurará a nuestros hijos e hijas su futuro», remarcó. ( Livia Rodríguez Delis/PL)

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