Las Tunas, Cuba. Martes 21 de Noviembre de 2017
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América Latina y el Caribe ante el reto de la seguridad alimentaria

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Roma.- Lograr una seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe pasa hoy por dos elementos claves: pobreza extrema e inequidad en la distribución de la riqueza.

Se trata de dos asuntos que ni en época de bonanza fueron resueltos y en situaciones de crisis económicas se disparan en direcciones opuestas, los ricos más ricos y los pobres más pobres.

Si bien la región experimentó un crecimiento macroeconómico en el período 2003-2012, con tasas superiores a 5,5 por ciento, en los dos últimos años ese indicador estuvo por debajo de dos.

El Fondo Monetario Internacional prevé, para el cierre de este año, un retroceso económico de 0,3 por ciento, consecuencia directa de la debacle en Brasil que incluso rompió las previsiones de ese organismo financiero, el cual vaticinó una recuperación del 0,8 por ciento en la región. Ahora augura un crecimiento para el 2017 de 1,6 por ciento.

Aunque, como promedio, la generalidad de los países anuncian incrementos en las partidas presupuestarias destinadas a la protección social y otras políticas públicas, las estadísticas apuntan, por el contrario, a un mayor deterioro del llamado estado de bienestar en la región, que por lógica seguirá en declive ante un decrecimiento sostenido o discretas recuperaciones.

Alerta en tal sentido una investigación, presentada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el 43 Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional CSA), sobre el fortalecimiento de las capacidades en la región para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030.

A partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el texto señala que la pobreza afecta a 167 millones de personas en la región (el 28 por ciento de la población), mientras viven en pobreza extrema otras 71 millones, lo cual representa un incremento de tres millones en el último bienio.

Acorde con la entidad regional de Naciones Unidas, esa predisposición a una mayor vulnerabilidad está dada por la desaceleración económica en detrimento del gasto público social y de las políticas y presupuestos destinados a la seguridad alimentaria y la nutrición.

El 43 CSA, que durante una semana sesionó en esta capital, llamó la atención sobre la necesidad de coordinar esfuerzos entre las agencias de Naciones Unidas, el PMA, la organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), los tres con sede en Roma, para asegurar el tránsito de la región hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030.

Representantes de estas instituciones expusieron sus consideraciones sobre cuánto hacen y pueden avanzar en el desarrollo de capacidades de los pequeños agricultores -los de mayor aporte a la alimentación mundial- en la estimulación de asociaciones, así como de las capacidades técnicas, productivas y comerciales, para lograr solidez en sus procesos de desarrollo, controlados por ellos mismos.

Enseñar a hacer, generar autonomía, propiciar mecanismos para una gestión propia inclusiva y abarcadora, son otras de las acciones de esos organismos en la región, cada uno de ellas con sus particularidades.

Latinoamérica es la región de mayores desigualdades en el mundo, no solamente sociales, sino también sectoriales y territoriales. Existe pobreza e inseguridad alimentaria concentradas en territorios, especialmente en las áreas rurales, en los pequeños productores y también en ciertos grupos sociales más vulnerables como las poblaciones indígenas.

Esa inequidad tiene un componente material importante dado el desigual acceso a las tierras de calidad y a recursos, situación de pobreza que para revertirla precisa de cambios estructurales en las zonas rurales y también de desarrollo de capacidades para captar y asimilar las oportunidades.

Por añadidura, en América Latina y el Caribe, y dentro de ella la población rural está particularmente expuesta a los fenómenos climáticos, cuya incidencia hacen que plagas, sequías e incluso inundaciones se vuelvan cada vez más frecuentes e impredecibles lo que perjudica los esfuerzos por lograr seguridad alimentaria.

De ahí la importancia de programas y políticas de prevención y respuestas a los desastres provocados por fenómenos naturales extremos y a la adaptación al cambio climático de las comunidades.

En un evento especial sobre el papel de los parlamentarios en el Desafío Hambre Cero celebrado en la sede de la FAO días antes del CSA, su director general, José Graziano da Silva, llamó también a establecer alianzas entre los legisladores de todo el mundo para avanzar en la erradicación de ese flagelo.

Nuestro objetivo, dijo, es «garantizar que la seguridad alimentaria y nutricional se sitúen al más alto nivel en las agendas políticas y legislativas», pues, aseguró está demostrado que «cuando las políticas y los programas públicos están respaldados por una legislación adecuada, los indicadores de desnutrición mejoran significativamente».

Puso como ejemplo al Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de América Latina y el Caribe, tal como existe en Europa, con otro en vías de creación en África.

Menos de tres lustros restan para llegar a la meta de hambre cero en el 2030, y si el camino hasta aquí ha sido largo y escabroso, el tramo por andar es igual o más complicado, pues el problema va más allá de producir alimentos.

De hecho, según cálculos de la FAO, en la actualidad se producen alimentos para 12 mil millones de personas en un planeta habitado por siete mil millones, pero cerca de 3,1 millones de niños se mueren de hambre cada año y una de cada ocho personas no recibe suficientes alimentos para preservar la salud y llevar una vida activa.Un fenómeno que en la actualidad, como denuncian organismos internacionales y ONGs, toca en las puertas del primer mundo.  (Prensa Latina)

/YMP/

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