Las Tunas, Cuba. Martes 24 de Abril de 2018
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Rechazan en Panamá legalidad de sanciones extraterritoriales de Estados Unidos

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Panamá.- Un comentarista panameño cuestionó el actuar del gobierno estadounidense, que mantiene hoy al empresario panameño Abdul Waked y sus negocios en la llamada Lista Clinton, por supuesto lavado de dinero, sin presentar pruebas.

En un espacio televisivo, Juan Carlos Tapia increpó, una vez más, al embajador de Estados Unidos aquí, John Feeley, como representante de un país que se jacta de ser el más democrático del mundo y el que más respeta la justicia.

Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos niega ese derecho, cuando se niega a revelar las bases para las designaciones o para las inclusiones (en la lista). Negó de manera categórica ese derecho, cuando rehusó aceptar una apelación pendiente de un fideicomiso que preservaría el sustento de las cinco mil 500 familias empleadas por los Waked, manifestó Tapia.

Agregó que las autoridades de Washington hizo ambas cosas, es decir, se hicieron de oídos sordos al concepto de un fideicomiso al Grupo Wisa y mantuvieron en secreto la supuesta evidencia, si es que existe.

El resultado es que los Estados Unidos ha orquestado la destrucción de propiedades, empresas en Panamá y la pérdida de cinco mil 500 puestos de trabajo sin proporcionar el debido proceso y derechos humanos. Una violación absoluta y total, apuntó.

En un reciente análisis sobre el caso, el veterano periodista entrevistó al abogado estadounidense David Aufhauser, encargado de la defensa de Waked en la nación norteña, quien presentó en días pasados una demanda judicial para revelar las evidencias en contra de su cliente o se le libere de sospechas.

Las pruebas que dicen que existen contra Waked son una vulgaridad, una burla al mundo entero; consisten en pruebas tachadas (incompletas), recortes de periódicos en casos resueltos en Colombia, pero sin una acusación con base, expresó.

La demanda legal presentada la semana pasada en Washington pide a la Corte que ordene al Departamento del Tesoro mostrar los motivos de la sanción a estas empresas.

La Lista Clinton es un señalamiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre quienes considera cometen faltas contra su sistema financiero, sin que por eso haya un procedimiento judicial abierto.

Foros locales de debate como el protagonizado por el Colegio Nacional de Abogados señalaron el carácter inconstitucional de la medida, dada a conocer el pasado 5 de mayo, y reclamaron la utilización de los canales regulares de la justicia si las acusaciones proceden contra los señalados.

De lo contrario, no se puede garantizar el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa justa que garantiza la ley, precisaron. (Prensa Latina)

/DCG/

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