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Bolivia presentó en Ginebra avances sobre derechos de discapacitados

La Paz.- El gobierno de Bolivia presentó resultados de su política a favor de los derechos de personas con discapacidad ante la XVI Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas efectuada en Ginebra, Suiza.

Al respecto, la embajadora boliviana Nardi Suxo informó el viernes que el organismo multilateral recomendó fortalecer dichas políticas.

En diálogo con la estatal red radial Patria Nueva, la diplomática explicó que durante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se presentaron las diferentes estrategias gubernamentales en beneficio de ese grupo poblacional.

Precisó que en la exposición participaron miembros del Ministerio de Salud y de otras dependencias del Estado.

Ellos (la directiva de la ONU) nos pidieron seguir avanzando y fortaleciendo el trabajo con las personas minusválidas, remarcó Suxo.

Hace dos días, la ministra de Justicia Virginia Velasco destacó la felicitación de la ONU al Estado Plurinacional por sus políticas públicas y avances en los últimos diez años a favor de los más de 45 mil bolivianos y bolivianas que viven con algún tipo de discapacidad.

Recordó que una de las normativas adoptadas para tal fin es la Ley 223 que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades.

Según Velasco, la ONU elogió el acceso de los minusválidos a la justicia, viviendas, servicios de salud, reinserción laboral, educación inclusiva, desarrollo productivo, deportes y recreación, así como a la lucha contra el racismo y toda forma de exclusión y discriminación.

Resaltó asimismo la creación del Servicio para la Prevención de la Tortura, institución pública descentralizada rectorada por el Ministerio de Justicia, como un mecanismo para la prevención de tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.

De acuerdo con la titular, varios expertos destacaron los temas abordados en la reciente Cumbre Nacional de Justicia para que las personas con discapacidad tengan servicio gratuito y rápido.

Además, contamos con instituciones para la defensa de la ciudadanía como los Servicios Integrados de Justica Plurinacional, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública.

La ministra se refirió a otras normas como el decreto supremo del Ejecutivo que obliga a instituciones descentralizadas, empresas públicas, entidades autárquicas, universidades, la Policía, Fuerzas Armadas, los gobiernos departamentales y las 337 alcaldías a contratar en su planilla a por lo menos cuatro por ciento de personas con discapacidad. (Prensa Latina)

/DCG/

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