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Perfeccionamiento de Registros Públicos: podría avanzar más rápido

Enrique Valdés Machín
Agencia Cubana de Noticias

El cuatro de enero del año en curso entró en vigor la nueva ley sobre el perfeccionamiento de los Registros Públicos.

Entonces,  María Esther Reus, titular del Ministerio de Justicia (MINJUS), explicó que la existencia de más 280 registros de diferente  naturaleza, subordinados a los Organismos de la Administración Central  del Estado (OACE) y otras entidades nacionales, y la falta de una  política rectora relativa a la organización y el funcionamiento de  esas instituciones, entre otros aspectos,  incidía en la calidad del  servicio a la población.

Además, afirmó que por la complejidad del tema se necesitarían  otros dos años  para culminar con la integración de todos ellos.

Seis meses después nos proponemos adentrarnos en cómo marcha esa  implementación y cuánto falta aún para alcanzar los objetivos  propuestos.

Declaraciones de la propia titular del sector abogaban por lograr  la conectividad de los registros de estado civiles que aún no lo  poseían, y desarrollar un sistema informático que posibilitará  eliminar la compleja y engorrosa alternativa telefónica.
También expuso que  muchos de los actuales problemas están  vinculados al incremento de certificaciones, debido, en buena medida,  a las innecesarias solicitudes por algunos organismos para  determinados actos administrativos cuyos datos están plasmados en el  Carné de Identidad.

Recientemente Francisco García Henríquez, viceministro de Justicia,  aseguró que como parte de la estrategia de perfeccionamiento aumentó la interconexión entre las 302 oficinas  registrales del país y con ello la calidad de los servicios.

«En este momento, solo restan  47 de ellas, y de esas, 29 corresponden a La Habana, el territorio más comprometido», declaró el  funcionario.

Sin embargo, adujo, todavía están insatisfechos porque algunos organismos, después de firmados los convenios de trabajo, no han  logrado implementar el uso del Carné de Identidad en trámites pactados y solicitan indiscriminadamente certificaciones innecesarias.

Y tenemos aquí dos aristas importantes de un problema.

La primera obedece, en buena medida, a factores objetivos, aunque  es bueno señalar que  mantener a la capital de la nación con solo tres  registros conectados, obliga al resto de los territorios a solicitar  esa información de manera alternativa por teléfono, con el peligro adicional de la  incorporación de errores a las certificaciones y la afectación de la agilidad y eficiencia del servicio, algo muy lejos de  los propósitos iniciales.

En mi criterio la segunda está relacionada con métodos de trabajo obsoletos, falta de control y deficiencias internas de los aparatos de  dirección de los organismos vinculados con el cumplimiento de lo dispuesto.

¿Si está en vigor una legislación  y se firmaron convenios de trabajo para facilitar los trámites a la población, por qué en algunas  provincias y municipios todavía se actúa de espaldas a lo legislado?

Hoy, ejemplificó García Henríquez, algunas entidades exigen la certificación de nacimiento para las inscripciones en sus escuelas,  cuando se orientó hacerlo con el documento de identidad.

Mientras tanto las oficinas registrales emiten un número innecesario  de certificaciones y las personas ven complejizarse sus trámites, porque hasta ahora la aplicación de lo refrendado queda a la buena voluntad de las direcciones,  sin tiempo ni medidas específicas que obliguen a cumplir lo pactado.

Arleidys Rodríguez Rodríguez, directora de Registros Públicos del  MINJUS, informó que después de depurados estos documentos, llegaron a  la conclusión de que toda esa gama dispersa podría agruparse en tres  registros esenciales y 11 de atributos, lo cual simplificará de manera  significativa los trámites de la población y la subsanación de errores, beneficiada ya con las nuevas facultades otorgadas a los registradores.

Seis meses es un tiempo relativamente corto para evaluar la marcha de un proceso cuyo soporte está sustentado en el siglo XIX, y ajeno al desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), pero también es un medidor de cuánto  más pudiera avanzarse con solo superar las trabas subjetivas de la inercia y exigir por el cumplimiento de lo dispuesto.

La población, víctima de esos entuertos, clama por el orden y el buen hacer.

/YMP/

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