Las Tunas, Cuba. Jueves 14 de Diciembre de 2017
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Prosiguen conversaciones de paz guerrilla y gobierno colombiano

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La Habana.- La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno prosiguen hoy en esta capital las conversaciones con miras a poner punto final al conflicto armado en esa nación suramericana.

El negociador por las FARC-EP Joaquín Gómez calificó la víspera de poco probable la materialización de un acuerdo entre las partes en la fecha fijada.

Hacemos hasta lo imposible, sostuvo Gómez, pero hay factores objetivos que atañen a ambas partes y que seguramente impedirán la firma de la paz el 23 de marzo, día anunciado en septiembre por el presidente Juan Manuel Santos y el líder del grupo insurgente, Timoleón Jiménez.

De la primera ronda de 2016 se espera que abra una nueva etapa en el proceso, caracterizada por un mayor dinamismo que facilite el término de una confrontación armada que ha causado la muerte a unas 300 mil personas.

Santos manifestó en días pasados la intención gubernamental de instalar una especie de mesa o cónclave permanente, de la que las delegaciones no deberían levantarse hasta alcanzar el objetivo común.

La modalidad sustituiría el esquema de ciclos con descansos intermedios, instituido desde el comienzo de las negociaciones, y según el presidente permitiría agilizar el intercambio en pos del acuerdo final, instrucción expresa que dio al equipo de paz gubernamental.

No obstante, a tono con los planteamientos de Gómez, en la búsqueda del armisticio definitivo aún quedan «escollos importantes» como la dejación de las armas, desmovilización de los guerrilleros y su reintegración a la sociedad.

Asimismo, otro asunto polémico a resolver es la definición del mecanismo que valide por la vía popular los consensos alcanzados.

El gobierno defiende la realización de un plebiscito, mientras que las FARC-EP abogan por una Asamblea Nacional Constituyente.

Como resultado de los diálogos las delegaciones lograron convenios en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas, cuyo número asciende a casi siete millones. (Prensa Latina)

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