El mundo

Venezuela defiende uso correcto de tecnologías digitales

Ginebra.- Venezuela defendió aquí el correcto uso de las tecnologías digitales al apuntar que no deben emplearse para violar el derecho internacional.

Así lo expresó Victoria Mata, vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional del país sudamericano, al intervenir en la 133 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que continúa hoy en esta ciudad suiza.

La Constitución Bolivariana contempla el uso de estas tecnologías como instrumento fundamental para el desarrollo económico, social y político del país, así como de la seguridad y soberanía nacional, remarcó.

Mata enfatizó que Internet no puede ser un territorio oscuro, dejado a merced de criminales, corporaciones e incluso de Estados que usan esta plataforma con fines distintos a la promoción de la democracia y la libertad en todas sus acepciones.

En los parlamentos tenemos una alta responsabilidad de legislar en favor de la protección y libertad de los ciudadanos en la era digital, y nuestros países en desarrollo tienen mucho por hacer para asegurar la igualdad de acceso a la llamada red de redes, subrayó.

La delegación venezolana que asiste a la Asamblea de la UIP realizó varios aportes a una resolución aprobada en esa instancia mundial sobre Tecnologías Digitales.

Logramos incluir en esta resolución términos esenciales para garantizar la participación pública y reforzar el involucramiento del pueblo en los planes de uso de las nuevas tecnologías de la información y la era digital, detalló la parlamentaria.

Resaltó que también incorporaron términos que garantizan un enfoque del conocimiento y la promoción de las ideas con el fin de que la era digital sea provechosa a toda la población, en un marco de soberanía en el que las tecnologías no se utilicen para violar el derecho internacional.

Defendemos firmemente que nadie debe ser dejado a la zaga en este ámbito, afirmó Mata.

Asimismo destacó que la delegación de su país coadyuvó a obtener el consenso para que los parlamentos revisen cuidadosamente las leyes relacionadas con los asuntos de seguridad, con énfasis en enfoques que preserven los derechos humanos. (Prensa Latina)

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