Historia

De acusados en acusadores

Ángel Rodríguez Álvarez
Agencia Cubana de Noticias

A medida que transcurrían las horas de la tarde del domingo 20 de septiembre de 1953, se disipaban las dudas que existían con respecto al inicio del sensacional proceso político donde fueron juzgados y condenados a largos años de prisión el Doctor Fidel Castro y sus compañeros, por los sucesos que tuvieron lugar el 26 de julio en Santiago de Cuba y Bayamo.

En la causa 37 se juzgaron 133 acusados en 13 vistas. Se tramitó en 90 días naturales, estigmatizados por la suspensión de las garantías constitucionales, que cancelaban los derechos individuales y que daban lugar al sinnúmero de violaciones de las normas jurídicas más elementales que tuvieron lugar.

Durante la primera sesión se produjo el interrogatorio a Fidel Castro, que luego sería su propio defensor. El acusado declaró durante dos horas negando la participación de los políticos en el Movimiento y explicando con lujo de detalles las motivaciones del hecho revolucionario y las vicisitudes que afrontaron para adquirir las armas y otros recursos.

Ante la pregunta de que si él creía que el pueblo engañado y descreído, iba a seguir a un grupo de hombres de poco prestigio, contestó el jefe de los revolucionarios que con cuál prestigio contaban Antonio Maceo y Carlos Manuel de Céspedes cuando iniciaron las luchas armadas por la liberación de Cuba. Esta fue la tónica que siguió todo el proceso iniciado aquella jornada.

Después del interrogatorio a Fidel, cerca de 30 acusados aceptaron su responsabilidad en el ataque y fueron señalando los asesinatos que siguieron a las detenciones de los revolucionarios y las torturas a que fueron sometidos quienes quedaron con vida. Había prendido el ejemplo del máximo dirigente, quien, además, hizo hincapié en el trato humano y generoso que habían tenido ellos para con los soldados del régimen.

Al día siguiente se desarrolló la segunda sesión, en la que el jefe revolucionario, en su condición de abogado, se dedicó mediante hábiles interrogatorios a esclarecer como los esbirros habían masacrado a los prisioneros indefensos.

Esta conducta hizo que los sicarios del régimen le impidieran continuar asistiendo al juicio, por el «daño terrible» que le estaba haciendo al gobierno: primero se valieron de un certificado médico falso en donde lo situaban enfermo y, después de ser denunciada la artimaña por Melba Hernández, se negaron a cumplir descaradamente la orden de presentación del acusado, dada por el Tribunal.

Las siguientes sesiones se desarrollaron de esta forma: la cuarta, el 28 de septiembre, la quinta el 29, la sexta el 30 y el primero de octubre, la séptima. En la octava sesión del día dos tuvieron la oportunidad de ver la cara del asesino Ríos Chaviano, jefe del Regimiento, quien trató de justificar los crímenes cometidos con los reos.

Hasta el tres de octubre de 1953, en que se celebró la novena sesión del juicio, habían declarado más de 100 acusados, 200 testigos y algunos peritos. Al celebrarse la décima, el día cinco, el Fiscal pidió la libertad condicional de 58 acusados, que con otros 13 que ya habían sido liberados, hacían descender el número de los que permanecían presos a 30.

En esa sesión también pidió 20 años de encarcelamiento para los asaltantes y un tercio más para los dirigentes del ataque, basándose en lo establecido en los Capítulos III y IV del Libro II del Código de Defensa Social. En la jornada del seis se sancionó a 13 años de prisión a Raúl Castro, Ernesto Tizol, Pedro Miret y Oscar Alcalde; a otros 20 acusados a 10 años; a otros tres compañeros, a tres años, y a las dos mujeres -Haydée Santamaría y Melba Hernández-, a siete meses de reclusión.

Pero, por supuesto, el juicio no había acabado aún, faltaba por decidirse la suerte del acusado Fidel Castro, al que no habría valor para juzgar en la Audiencia, en vista oral y pública, y a quien en definitiva se le confinó a expresarse ante un reducido número de personas en una Sala del Hospital Civil de Santiago de Cuba.

Este extraordinario juicio había ido mucho más allá de un simple acto de represión del estado burgués y dictatorial; en él se había “juzgado” a un puñado de patriotas que se habían convertido de acusados en acusadores.

/ymp/

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