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Defensor del Pueblo venezolano rechaza acusaciones de Colombia

El defensor del pueblo Tarek William Saab rechazó hoy acusaciones del gobierno y la prensa de Colombia sobre presuntas violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de Venezuela en la frontera entre los dos países, reporta Prensa Latina.

Ellos mienten en varios temas, como el de la deportación de ciudadanos de su país que viven legalmente en Venezuela, aseveró Saab.

Solo fueron devueltos a Colombia aquellos que permanecían de manera ilegal en territorio venezolano; los medios y el Gobierno de esa nación se basan en la inmigración ilegal para hacer sus afirmaciones, dijo.

El defensor también desmintió declaraciones del procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, sobre presuntos vejámenes a niños y niñas cometidos por militares venezolanos.

De acuerdo con Saab, las únicas violaciones en esa región provienen de soldados estadounidenses, quienes gozan de inmunidad e impunidad en territorio colombiano.

El defensor instó a Ordóñez a presentar pruebas de los crímenes que él refiere, pero sin alterarlas.

Además, explicó que para las personas devueltas a Colombia se habilitaron canales oficiales con todas las garantías de seguridad y comodidad. Quienes decidieron pasar por voluntad propia por pasos clandestinos es porque algo ocultan a la ley, consideró.

Añadió que tan solo en el sector fronterizo denominado La Invasión (en el estado suroccidental de Táchira) existen más de nueve mil colombianos deseosos de permanecer en Venezuela por los derechos garantizados en esta nación y negados en la vecina.

Los colombianos residentes en territorio venezolano disfrutan de la educación, la salud y los servicios básicos, pueden vivir en paz y sin temor a ser deportados, insistió.

Hace dos semanas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decreto el cierre de los pasos fronterizos en Táchira, a raíz de un ataque contra efectivos del Ejército bolivariano perpetrado por paramilitares.

Tras esa medida, el mandatario declaró el estado de excepción constitucional en varios municipios de esa entidad para comenzar la erradicación de crímenes como el contrabando de extracción y el paramilitarismo.

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