Las Tunas, Cuba. Jueves 26 de Abril de 2018
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Presidente de Guatemala envía informe a comisión investigadora

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El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, envió hoy a una comisión investigadora del Congreso un informe con las pruebas de descargo por los señalamientos formulados en su contra por su presunta implicación en una red de corrupción, reporta Prensa Latina.

Su abogado, César Calderón, entregó el alegato -firmado por el gobernante- a los cinco integrantes del comité que decidirá si existen o no indicios para que Pérez Molina sea investigado por supuestamente dirigir la estructura La Línea, dedicada a la defraudación aduanera.

La comitiva, presidida por el diputado Mario Linares del oficialista Partido Patriota, la integran además Mario Barrios y Sergio Celis (de Lider), Gloria Sánchez Abascal (también del Patriota) y Nineth Montenegro (de Encuentro por Guatemala).

Según el cronograma pactado, para el venidero lunes se prevé entregar el texto ante el pleno para que los diputados decidan si procede que el caso continúe en los tribunales.

Miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad ratificaron ayer su denuncia contra el jefe de Estado ante los cinco parlamentarios mencionados.

Los fiscales presentaron una serie de grabaciones, en las cuales se determina la participación del gobernante en La Línea, precisó el Ministerio Público en un comunicado.

Por ese mismo caso, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal y envió a prisión preventiva esta semana a la exvicemandataria Roxana Baldetti.

Además de presentar las grabaciones, los fiscales brindaron detalles de las razones por las cuales ambos tenían una relación con la referida red dedicada al desvío de millones de dólares en las aduanas guatemaltecas.

La pesquisa llevada a cabo en el órgano Legislativo no tiende a determinar la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado, pues su objetivo es establecer la existencia y veracidad de hechos que deban ser conocidos por un juez del ramo penal.

Según la ley, a esa comisión corresponde determinar si la investigación se promovió por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a un determinado funcionario.

Para quitarle la inmunidad al mandatario se necesita el voto favorable de al menos 105, de los 158 asambleístas.

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