Historia

Un documento fundacional: La Constitución de Jimaguayú

La Habana.- Entre las tradiciones patrióticas que legó a Cuba la contienda independentista de los Diez Años, iniciada el 10 de octubre de 1868, está su vocación civilista y de legitimidad jurídica, reflejada en las dos Constituciones redactadas por los mambises: Guáimaro y Baraguá, que sirvieron de experiencia a los revolucionarios de la Guerra de 1895 cuando se reunieron en la célebre Asamblea de Jimaguayú.

Los cubanos, que desde el 24 de febrero de 1895 habían retornado al sendero de la lucha armada contra el colonialismo español, a la vez que empuñaron otra vez el machete liberador y la tea purificadora, tomaron la pluma para dar la forma más acabada posible, acorde a las circunstancias de una guerra anticolonial, a la joven nación que pugnaba por renacer entre el polvo de las cargas de caballería, el fuego de los fusiles y el tronar de los cañones.

Escogieron a Jimaguayú como sede para efectuar el significativo acontecimiento político, en homenaje póstumo al patriota epónimo del Camagüey, el abogado y Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, el Bayardo cubano, caído gloriosamente en combate en el área de ese potrero el 11 de mayo de 1873, luego de haber sido el alma y el redactor principal de la primera Constitución de Cuba, en Guáimaro, en abril de 1869. Esta decisión proporcionaba un hito en la continuidad de la lucha revolucionaria.

La Revolución emancipadora, reiniciada gracias al genio político del Apóstol de la Independencia de Cuba, José Martí Pérez, necesitaba organizarse e institucionalizarse, la “Guerra Necesaria” martiana, estaba obligada a presentar su propio gobierno y un cuerpo legal moderno que nos diera el derecho a integrar el concierto de las naciones libres. A ello se dispusieron los revolucionarios cubanos en septiembre del 95.

Los representantes del pueblo cubano combatiente, acordaron reunirse para dar la Constitución que sirviera de base a la República “Con todos y para el bien de todos” que soñó, profetizó y programó José Martí, el Maestro, ideal que impulsaban los dos grandes adalides militares cubanos, los Mayores Generales Máximo Gómez Báez y Antonio Maceo Grajales, los mismos que daban ya una fuerza incontenible a la lucha en las tres provincias donde estaba encendida la llama revolucionaria, abarcando el 70% del territorio insular.

Se imponía como tarea impostergable la creación del Estado Nacional y a ello se dedicaron con afán los líderes mambises. Desde el 13 de septiembre, una veintena de patriotas del mayor prestigio, varios de ellos veteranos del 68, y la mayoría jóvenes guerreros, “los pinos nuevos” que invocó Martí, pusieron mente y corazón en función de una responsabilidad que implicaba defender y aplicar los principios del hoy Héroe Nacional de Cuba, el gran ausente del cónclave, debido a su pérdida irreparable, por su prematura caída en combate “de cara al sol”, el 19 de mayo de 1895, en el martirologio de Dos Ríos.

Los diputados debían ponerse de acuerdo respecto al tipo de gobierno que necesitaba la situación de la conflagración que vivía el pueblo cubano. Existían tres líneas de pensamiento: una prefería la superioridad del poder militar, otros querían un dominio civil y un tercer grupo pedía una dirección sencilla en la que el Ejército y los dirigentes civiles no se interfiriesen.

Aquellos revolucionarios, entre los que se encontraban figuras de la talla de Salvador Cisneros Betancourt, Fermín Valdés Domínguez, Enrique Loynaz del Castillo, Rafael Portuondo Tamayo y Santiago García Cañizares, realizaron arduos debates, la intensa polémica enriqueció las sesiones de trabajo y así, en medio de las apasionadas discusiones se fueron acercando a la tesis política orientada por el desaparecido Martí en la reunión de “La Mejorana”, con Gómez y Maceo, el 5 de mayo de 1895: “El Ejército libre, y el país, como país, y con toda dignidad representado”.

El buen juicio predominó, se logró una transacción entre los diferentes criterios y se llegó a consenso para establecer un equilibrio entre el poder civil y el militar. Ambos quedaron separados, el primero en un Consejo de Gobierno que ejercería funciones legislativas y ejecutivas, este órgano no debía interferir en las operaciones militares, las cuales serían controladas por el General en Jefe del Ejército Libertador.

Aún así, en determinados artículos del documento se apreciaban cláusulas que a la larga podían causar roces con el ramo militar de la Revolución: se creó una Secretaría de Guerra en detrimento de las atribuciones del General en Jefe, se facultó al Consejo de Gobierno a otorgar los grados militares de Coronel a Mayor General, aunque previa consulta a Máximo Gómez, además el aparato civil era autorizado a intervenir en lo militar para la “realización de altos fines políticos”, término impreciso que se podía prestar a disímiles interpretaciones.

No obstante, por encima del amor propio, de querellas y de tecnicismos, el ambiente de conciencia patriótica, el espíritu de camaradería imperante en Jimaguayú, el sentimiento de estar fortaleciendo la unidad y poniéndose una piedra angular en el camino del triunfo, dio como resultado esta tercera Constitución de Cuba, documento fundacional, de carácter nacionalista, máxima expresión de la identidad y la soberanía de un pueblo en revolución, lo cual era evidente desde que se inició la lectura del magnífico preámbulo redactado por el noble intelectual y guerrero camagüeyano Enrique Loynaz del Castillo:

“La Revolución por la Independencia y creación de Cuba en República Democrática, en su nuevo período de guerra iniciado el 24 de febrero último, solemnemente declara la separación de Cuba de la Monarquía Española y su institución como Estado Libre e Independiente, con gobierno propio por autoridad suprema con el nombre de República de Cuba, y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la Tierra…”

El texto constitucional constó de 24 artículos que garantizaron los derechos nacionales, y de él resalta el contenido ideológico político de la lucha independentista como factor esencial para la existencia de la República de Cuba en Armas, nación que nunca abandonará el combate redentor, por eso es notable el artículo 11 que puntualiza, cual eco de la Protesta de Baraguá: “El Tratado de Paz con España que ha de tener por base la independencia absoluta de la Isla de Cuba, deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno y la Asamblea de Representantes establecida para ese fin”.

El 16 de septiembre de 1895 los patriotas asambleístas firmaron y proclamaron en Jimaguayú la Carta Magna, ” con la fe de su honor empeñada en su cumplimiento”, resultó sencilla y breve, pero a la vez reflejaba lo más avanzado del pensamiento político cubano y universal finisecular. Los resultados de la Asamblea de Jimaguayú tienen una trascendencia imperecedera. Allí se trabajó para tratar de cumplir la tesis pragmática que con su visión y experiencia política definió Martí, de dejar con amplia posibilidad de maniobrar a los altos jefes militares en el desarrollo de las acciones marciales y a la vez fundar un respetable poder civil que representase los intereses nacionales e internacionales de la Revolución y la Patria, idea que quedó plasmada con solo algunas variaciones en la Constitución.

Sobre el antiguo Hato de Jimaguayú renació el Estado Nacional cubano que se había extinguido en mayo de 1878, y esta vez entró en la lid con vitalidad inusitada, con una concepción de unidad indestructible que reafirmaba la igualdad de todos los cubanos en su decisión inconmovible de luchar hasta las últimas consecuencias por la independencia.

Para alcanzar la meta que señalaba el nuevo código fundacional, era imprescindible llevar el imperio de las leyes del texto recién proclamado a los rincones de la geografía isleña, tarea encomendada al ratificado General en Jefe del Ejército Libertador Máximo Gómez Báez, a la que este dedicaría sus extraordinarias dotes de estratega, secundado por un táctico excepcional como el Lugarteniente General, Antonio Maceo Grajales, el Titán de Bronce. Con la anuencia del Consejo de Gobierno presidido por Salvador Cisneros Betancourt, con Bartolomé Masó de vicepresidente, auxiliados por los secretarios, de Hacienda, Interior, Guerra y Exterior, cargos ocupados por los eximios patriotas Carlos Roloff, Severo Pina, Santiago García Cañizares y Rafael Portuondo, Gómez y Maceo prepararon la legendaria Invasión a Occidente. Con el filo de sus machetes, entre octubre del 95 y enero del 96, implantaron el respeto por la Constitución de Jimaguayú en el resto del país.

La Constitución de Jimaguayú, página brillante de los más de cien años de lucha independentista nacional, entró en vigor como el instrumento capaz de regir las altas aspiraciones de un pueblo que no deseaba seguir siendo esclavo, que enarbolaba otra vez la bandera de la estrella solitaria, símbolo de soberanía en la América Latina, donde en el siglo XIX brilló como nunca en la historia el amor a la libertad. (Prensa Latina)

 

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